Que Bolivia está dividida, polarizada, es verdad de Perogrullo. Bolivianas y bolivianos vemos todos los días cómo las naturales diferencias entre los habitantes de este país se han alineado en dos corrientes: por un lado, la que afirma que la violencia desatada en el país en octubre y noviembre de 2019 fue a consecuencia de un fraude electoral y, por otro, la versión gubernamental que señala que lo que operó fue un golpe de Estado para llevar al poder a Jeanine Áñez.
Tan evidente es esa polarización que los profesionales integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo observaron en todos los lugares que visitaron durante los ocho meses que estuvieron investigando los hechos de violencia. Y la división se hizo patente ayer, cuando su informe fue presentado públicamente en el Obispado de Potosí: los grupos en pugna estuvieron a punto de agarrarse a golpes ante sus narices.
Como estaba previsto, el GIEI viene presentando su informe en todos los lugares donde hubo vulneraciones a los derechos humanos. En Potosí, dos episodios motivaron su atención: los ataques a las caravanas que viajaban a La Paz y los enfrentamientos en Betanzos que cobraron la vida de una persona.
La pugna se produjo al mediodía, cuando se presentó el informe sobre las ahora denominadas “Caravanas del Sur”, porque estas no solo estuvieron integradas por potosinos sino también por chuquisaqueños y, en menor medida, por cruceños residentes en Sucre. El documento del GIEI confirma todas las denuncias presentadas en su momento por las víctimas de los ataques, incluidos los vejámenes sexuales sufridos por mujeres que fueron temporalmente retenidas por los atacantes.
Al presentar su informe, se aclaró que, cuando se habla de ataques sexuales, no solo se está refiriendo a las violaciones propiamente dichas sino a cualquier acción que dañe la intimidad de una persona, sea hombre o mujer. En los casos investigados, se recogió testimonios de personas que dijeron haber sido retenidas por los atacantes a las caravanas y obligadas a desnudarse, en un acto de evidente humillación.
No solo se dijo con claridad que los ataques a las caravanas fueron violaciones a los derechos humanos, sino que, inclusive, fueron calificados como “intentos de asesinato”. Todo con el agravante de la intervención estatal, porque se identificó la actuación de funcionarios de las gobernaciones de Oruro y Potosí y de los Servicios de Caminos, que movilizaron equipos pesados para cubrir de tierra varios tramos camineros. Además, a eso se debe sumar el uso de munición y de gases lacrimógenos.
El informe incomodó a los oficialistas que acudieron al Obispado de Potosí a contrapesar el efecto de la presentación del informe. Se reconoció a funcionarios de la Gobernación y de la Asamblea Legislativa Departamental. La polarización se hizo evidente y, entre gritos, el público presente no permitió que el informe terminara con su punto final.
Pero también el bando no gubernamental debió escuchar sus verdades. Si por un lado se calificó como uso desproporcionado de la fuerza a las acciones que el Ejército y la Policía ejecutaron en Betanzos, donde murió una persona, por el otro también se hizo notar que la violencia desatada en Potosí contra las casas de autoridades y el hermano de un diputado constituyó vulneraciones a los derechos humanos.
El informe, en definitiva, es imparcial y acusa a uno y otro bando. El brasileño Marlon Weichert, uno de los dos representantes del GIEI que llegaron a presentar el informe en Potosí, dijo: Bolivia está, ahora, más dividida que en 2019, y que persiste el riesgo de que vuelva a estallar la violencia.
