El fiscal Lanchipa presentó hace unos días requerimiento acusatorio contra la señora Jeanine Áñez, acusándola de “genocidio”. Este hecho es uno más de los actos de ensañamiento del partido que nos gobierna contra la expresidenta, que poco a poco va acumulando vejaciones que la están convirtiendo en mártir. Parece ser que los masistas están tan enceguecidos con sus ansias de venganza, que están propiciando un desenlace trágico.
La palabra genocidio ha sido usada y abusada de una manera que es incorrecta: puede ser irreflexiva, irresponsable, y eventualmente deshonesta.
Genocidio, de acuerdo con la RAE significa: “Extermino o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política, o nacionalidad”.
En buen castellano, es imposible acusar, no solamente a la señora Áñez, sino a nadie en nuestro país de genocidio. Eso debería estar claro. No ha habido en la historia de este país, jamás, un plan genocida, ni acciones genocidas. Utilizar ese término es además una enorme falta de respeto a las víctimas (y a los familiares de estas), de los verdaderos genocidios que han tenido lugar en otras partes del mundo.
Hace poco, algunos despistados han querido acusar al impresentable presidente Bolsonaro del “imperio hermano” del Brasil, como un genocida, por el hecho de haber tenido una política errática en relación a la pandemia. Eso está bien para fanfarronear en un café, o en el “feis”, obviamente no es un argumento que pueda ser tomado en serio. Ninguna persona que se respete llevaría a cabo una acción por genocidio debido a esas circunstancias.
Sánchez de Lozada en su momento también fue acusado de genocida, y es posible que esa acusación le haya servido para demostrar que los juicios que se le querían hacer aquí eran irracionales, y estuvieran contaminados con la política.
Insisto, en nuestro país, simplemente no ha habido genocidio, hay eso sí actitudes genocidas, declaraciones genocidas. Un dirigente que amenaza con envenenar el agua de una ciudad, o la propuesta de un bloqueo para que no entre comida a una ciudad, puede llegar a tener un tinte “genocidesco”, pero tampoco son más que eso. En nuestro país, nadie envenenó las aguas de una ciudad, y nadie murió de hambre por un bloqueo. El comentario del presidente Arce de discriminar a la gente, y decir que un grupo social no recibiría las vacunas que son el único posible salvavidas, es posiblemente también un comentario “genocidesco”, aunque tal vez tan solo sea una gran tontera, una tontera presidencial, una “evada” dicha por Lucho.
El mal uso de la palabra no es un invento del señor Lanchipa, ni siquiera lo es del MAS, ya antes de que este fuera gobierno, cierta izquierda hizo lobby para considerar “genocidio” las masacres o aún las muertes de individuos causadas por un gobierno que eventualmente estaba enfrentando una sedición. Ya con el Estado Plurinacional, el artículo 138 del Código Penal fue endurecido.
De cualquier manera, por el manejo de la lengua, por el sentido de la verdad de lo que pasó en un estado de anomia aquellos días de noviembre, es un despropósito monumental acusar a la señora Áñez de genocidio, y es parte de algo muchísimo peor: un acto de enorme injusticia.
Las muertes de Senkata y de Sacaba, y las otras, deben ser esclarecidas. Algo que parece ser difícil considerando la justicia que tenemos en nuestro triste país. Empezar por una acusación tan desmedida no puede ayudar a nada. Y aclaremos, aquí no se está buscando justicia, se está buscando un escarmiento a quienes osaron interponerse en los planes de monopolizar el poder para la eternidad, de Morales y su entorno. Por lo demás, la señora Áñez, como cualquier acusado, debería enfrentar su(s) juicio(s) en libertad.
