La Asamblea Legislativa Plurinacional ya remitió al Órgano Ejecutivo el proyecto de ley que permitirá la devolución, bajo diferentes modalidades, de aportes que hicieron trabajadores a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ahora solo resta su promulgación.
Se trata de una medida que, si bien no es ideal, porque reducirá los ahorros para las jubilaciones, sirve, sobre todo, para casos de emergencia, dadas las condiciones de aguda crisis en que se encuentran varios sectores de la población desfavorecidos por la pérdida de empleos y de ingresos debido a la pandemia.
La norma solo beneficia a los desempleados y establece una devolución, por única vez, de hasta 15 mil bolivianos a quienes tengan en su cuenta de ahorro personal y previsional un monto igual, menor o mayor a los Bs 100 mil, independientemente de su edad. Por otro lado, recibirán una devolución total de sus aportes quienes tengan en sus cuentas saldos menores o iguales a Bs 10 mil y cuenten con 50 o más años.
Con esta ley no se podrán beneficiar los empleados o quienes hubieran accedido a una pensión de vejez, solidaria de vejez, pago por invalidez o beneficio del Sistema Integral de Pensiones.
Hasta ahí se debe destacar como positiva la iniciativa —prácticamente un hecho— de devolver parte de los aportes a las personas que se encuentran en condiciones angustiantes por la falta de ingresos y, más aún cuando el sistema de pensiones en el país, para el manejo del dinero resultante de los aportes a las AFP, ha sufrido cambios a lo largo de su historia en el país.
Como la mayoría de la población sabe, el proceso para la jubilación en Bolivia es largo, tedioso y burocrático, lo cual desanima a muchas personas que han cumplido con todos los requisitos para empezar el proceso y así pasar a retiro.
Por otro lado, y como un nuevo aspecto negativo en este tema, los montos que finalmente se fijan para pagarse como renta o pensión son notoriamente menores a los que el trabajador recibía mientras estaba en actividad. Esto contrasta con la realidad de que los sueldos de los ejecutivos de las empresas que manejan los aportes suelen ser mucho más altos, a veces incluso superiores a los de autoridades del Estado y, ese es un detalle moral que no ha sido corregido hasta el presente. Esas razones fueron determinantes para que alguna gente pida la devolución no solo de un porcentaje de sus aportes, sino de la totalidad de ellos.
Pese a que no se ha conseguido tal objetivo, la devolución parcial ha sido recibida con beneplácito por los futuros beneficiados y por las dirigencias de los pensionistas.
Se estima que, con la ley promulgada, se beneficiarían más de 1,4 millones de personas. La semana pasada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que Bs 3.900 millones están disponibles para ese número de posibles beneficiarios.
Los economistas dicen que sería poco aconsejable que de acá a un tiempo se exija una nueva devolución, aunque, por los antecedentes señalados, y hasta por experiencias de otros países que lograron porcentajes mayores, no se deben descartar futuras solicitudes de una nueva devolución.
Algo así ocurrió en Chile, donde su congreso empezó a discutir tres proyectos para autorizar un cuarto retiro anticipado de los fondos de pensiones privados. Uno de ellos pone un límite de retiro de pensiones hasta un 10 por ciento, como ocurrió con los tres primeros antecedentes, y dos proponen retirar la totalidad de los montos acumulados por los trabajadores en las AFP. Los argumentos son parecidos a los de Bolivia, y podemos anticipar que esta primera devolución no será la única.
Los gobiernos tanto de Chile como de Perú han rechazado los proyectos de ley que el año pasado presentaron legisladores de la oposición para retirar los fondos de pensiones. Los consideran perjudiciales para los ahorros y la economía.
En lo que toca a nuestro país, conviene atender las recomendaciones de los analistas económicos más serios e, incluso, del ministro del área, acerca de la necesidad de pensar muy bien antes de decidir qué hacer en cada caso, porque, según la situación de cada aportante, el retiro de fondos, a la larga, podría significar un perjuicio para los futuros jubilados.
