Mientras todas las miradas se centran en la aberrante situación a la que ha sido sometida la expresidenta Añez, hay algunos temas menos escabrosos, y no tan de fondo, que quedan relegados. aunque están en plena vigencia. Uno de esos es el de la legalización de los autos chutos, algo que está levantando mucho polvo, y que merece ser analizado lejos de ortodoxias y, por supuesto, de ciertos intereses privados.
Uno podría estar en contra de cualquier perdonazo, porque este tipo de gracias que concede el Estado fomenta el no cumplimiento de las leyes, por lo que, a primera vista, uno podría estar completamente en contra de las aspiraciones de quienes ingresaron un coche de contrabando, o quienes compraron uno que llegó al país de esa manera. Pero las cosas no son tan simples.
Vayamos por partes, tener a disposición un carro propio, o no tenerlo, (más allá de la moda anticonsumismo, y de la conciencia ecologista) implica una enorme diferencia en la calidad de vida de las personas, sobre todo si se vive en el campo, en zonas alejadas, tener un auto, no solo puede hacer la vida más placentera, y más eficiente, sino que puede también, en un momento dado, ser un asunto de vida o muerte, por ejemplo, para llegar oportunamente a un hospital.
No es una mala aspiración para los individuos, ni para los Estados, el desear que la mayor parte de la gente pueda tener acceso a un coche y, por eso, lograr que estos coches sean económicos sería en realidad una política que ayudaría en la cadena productiva y, reitero, en la calidad de vida de las personas.
Bolivia tiene un mercado automovilístico totalmente perverso, los coches de segunda mano son enormemente caros comparados con países del primer mundo, donde la gente gana varias veces más que acá. Esa distorsión se da por la “bendita” intervención del Estado, que ha prohibido la importación de coches de segunda mano, esto ha llevado al ingreso ilegal de carros, y la aberrante situación de que una enorme cantidad de coches, especialmente en el mundo rural, no tienen papeles, y eso hace a sus propietarios aún más vulnerables a los estamentos corruptos del país.
Un representante de la asociación de importadores de autos del país se ha manifestado vehementemente en contra de la legalización, diciendo que eso perjudicaría enormemente al negocio de ese rubro, tiene razón, aunque es delirante decir, que el sector da empleo indirecto a 72.000 personas. Lo cierto es que es verdad que las importadoras de coches nuevos, perderán con una ley que permita la importación de vehículos motorizados usados, pero no tanto, porque quienes compran coches usados tal vez nunca tendrían la posibilidad de comprar uno nuevo. Son dos mercados.
Bolivia tiene que abrirse a la importación de coches usados, y con impuestos justos, los cuales no son idénticos a los de un carro nuevo, sino que deben representar el porcentaje del costo de estos. Si alguien cree que así estaríamos importando chatarra, hay que recordarle que el parque automotor actual está lleno de vejestorios que podrían ser cambiados por autos usados, pero más nuevos, sin endeudar tremendamente a las personas que los adquieren para su uso privado o para prestar servicios de transporte. Si se preocupan por volver a Bolivia un país lleno de chatarra, debemos aclarar que la chatarra que “produce” Bolivia se exporta al Perú, aquí no quedan fierros viejos.
Creo que la ley que prohíbe la importación de autos usados es dañina para los intereses de alrededor del 99% de los ciudadanos bolivianos, es una restricción insulsa a sus derechos como consumidores, y los convierte en ciudadanos menos felices y más vulnerables. Y es económicamente un absurdo. Coches más baratos hacen que una serie de servicios sean también más baratos, incluyendo, por ejemplo, el cacareado turismo. Los autos nuevos tienen un mercado: la gente de gran poder adquisitivo y posiblemente el Estado, el resto podemos vivir muy bien con autos buenos de segunda mano.
Creo que aparte del perdonazo, debe haber una modificación inmediata de esa ley antieconómica y discriminatoria.
