Los hechos que observamos cada día permiten constatar que hay muchas cosas que no están funcionando como deben en Bolivia. Hay una indefensión ciudadana en distintos ámbitos y actividades. Da la impresión de que todo se mueve como puede y no como se espera de un país con autoridades, con normas y con procedimientos que deberían cumplirse para que cada boliviano se sienta seguro y protegido.
Por ejemplo, los productores ya están cansados de decir cuánto les afecta el contrabando de todo lo que uno se puede imaginar. Las voces se pierden en la indiferencia o en la incapacidad e inacción de las estructuras estatales llamadas a combatir este problema, en el que hay mafias organizadas, con recursos modernos y costosos para sostener sus movimientos, mientras el producto ilegalmente introducido al país se campea en cuanto mercado hay en el territorio nacional.
Pero no es solo que ingrese mercadería ilegal, sino que los procedimientos ya están consolidados. En las fronteras hasta se han formado sindicatos de quienes se dedican a transportar, cargar y comercializar los objetos que le hacen competencia desleal a lo que se hace en Bolivia. Ocurre a vista y paciencia de los funcionarios aduaneros y se exhibe descaradamente en el derroche de los que lucran y se benefician con esta ilegalidad.
Detrás del contrabando, aparte de mafias organizadas, hay desempleados que buscan esa opción para sostenerse, mientras las industrias quiebran y se pierden fuentes de trabajo; se cierran precisamente por el impacto de la mercadería ilegal que no paga impuestos ni genera beneficio real para el país, sino solo para los nuevos acaudalados que se burlan del Estado y que, muchas veces, actúan en complicidad con este.
En otro ámbito, han sido varios los días en que los titulares de los medios de comunicación mostraron cómo se lucraba con el dolor ciudadano cuando clínicas privadas cobraban fortunas para atender a las víctimas de la pandemia o cuando gente inescrupulosa especulaba con medicamentos para los pacientes con covid-19. ¿Dónde estaba el Estado? Ausente y permisivo.
En la problemática de la tierra es evidente también que las autoridades nacionales miran a un costado, mientras crece la tensión en el país. El INRA y la ABT, junto con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras exponen argumentos políticos, en tanto que áreas protegidas, territorios indígenas y hasta propiedades privadas son tomados ilegalmente por gente que cree que puede obrar impunemente. En las últimas horas se han reportado enfrentamientos por esa causa.
Los grandes y los pequeños empresarios están al borde del colapso económico y el Estado no da soluciones, como si viera que cualquier iniciativa particular es enemiga de las fallidas empresas estatales que, con excepciones, siguen absorbiendo el dinero de todos los bolivianos para arrojar resultados negativos año tras año.
El país está cansado de tanta confrontación. Los bolivianos solo piden apoyo para invertir, para salir de la pobreza (que ha crecido y mucho en este último tiempo) y de soñar con que se puede vivir en una Bolivia de esperanza. El timón lo tiene el Gobierno. En manos del Presidente y su partido está la decisión de avanzar o de generar un estancamiento para todos. Ha llegado la hora de decidir, pero las señales que han estado dando apuntan más a la confrontación y la venganza que al trabajo para un futuro mejor.
Ojalá que nos estemos equivocando.
