He leído con interés la última propuesta de “reforma judicial” planteada por el ministro Lima. Ya es la tercera que, en solo nueve meses, formula Lima previo archivo de las anteriores. Primero planteó reformar la Constitución para eliminar el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Desestimada la modificación constitucional la propuesta se redujo a la restructuración del servicio de Derechos Reales, la mejora de los sistemas de adopción y la modificación de algunas leyes. Este 1 de septiembre el Ministro de Justicia nos propone un plan de 90 días para la reforma en torno a seis ejes:
1er eje. “Balanceo del conflicto. Consiste en la distribución uniforme de jueces en el país de acuerdo a la cantidad de la población y materia judicial”. Se trataría de redistribuir o distribuir mejor los 1.098 jueces que tenemos para 11 millones de habitantes tratando de llegar a los 175 municipios que no tienen ni jueces ni fiscales, pero, extrañamente, no se plantea el incremento del número de jueces y menos el incremento presupuestario, sin lo que no es posible un real “balanceo” responsable.
2do eje. “Sistema de acceso a la justicia. Se quiere promover que toda la población especialmente aquella en situación de vulnerabilidad acceda a la justicia en igualdad de condiciones…”. Para ello, nos dice el ministro Lima, “es necesario asegurar la eficiencia en la administración de justicia, el desarrollo de normas (…) y el fomento a los medios alternativos…”. Difícil lograr eficiencia de solo un millar de jueces mal pagados, poco idóneos (salvando excepciones), sin medios de trabajo y, peor, sometidos al poder político. Parece solo retórico el planteamiento porque tampoco, fuera del arbitraje, se precisa cuáles son esos mecanismos alternativos.
3er eje. “Independencia judicial. Se busca consolidar la independencia judicial a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación (…) de autoridades del órgano judicial y Ministerio Público”. No se puede consolidar una independencia judicial inexistente, peor sin develar que los jueces departamentales son elegidos por los jueces supremos, que los jueces de grado son designados por el Consejo de la Magistratura y que esos jueces supremos y esos consejeros están sometidos al Gobierno que es quien en la práctica nombra vocales y jueces, sin mirar los méritos porque la afinidad partidaria es la garantía de la obediencia.
Este “eje” de la “propuesta” es la que desfonda el conjunto. Tanto el Tribunal Supremo que elige a los vocales departamentales como el Consejo de la Magistratura que designa a los jueces de grado, están sometidos al Gobierno desde que los 2/3 del MAS malograron las elecciones judiciales en 2011 y 2017 imponiendo candidatos de poca idoneidad y mucha afinidad partidaria. Son esos cuasi personeros del Gobierno los que designan a los 1.098 jueces, no solo replicando filiación política, sino poniéndole precio a los cargos, designando jueces a fiscales con prontuario o promoviendo prevaricadores, postergando siempre a los pocos jueces y fiscales dignos.
4to eje. Referido a soluciones de tecnologías de la información y comunicación (TIC) que “busca impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial…”. Es una conocida y urgente necesidad para la modernización judicial, cuya implementación a cuenta gotas en algunos capitales departamentales está logrando algunos avances, impulsados además por la pandemia y la gestión judicial en línea. Otra vez la pregunta, y ¿con qué presupuesto?
5to eje. “Desarrollo normativo”, retorna a la visión antigua de cambiar la justicia cambiando los códigos y las leyes que, demostradamente, solo consigue avances limitados. Se ha cambiado varias veces el procedimiento penal, y el hacinamiento carcelario aumenta al mismo tiempo que la criminalidad violenta. O el ejemplo inverso, las principales leyes laborales sustantivas y adjetivas no han cambiado desde 1939 y 1979 respectivamente, y la mora procesal en los juzgados de trabajo es mínima. Sí, se necesita mejorar y cambiar varias leyes, pero no radica ahí lo esencial de la reforma.
6to eje. “Transparencia institucional” a través de “promocionar la ética e intensificar la lucha contra la corrupción a través del acceso a la información…”, es una generalidad tan grande que apenas sirve para la retórica y las ruedas de prensa. Parece que, hasta ahora, en el Gobierno no se dan cuenta de que los jueces a quienes someten y manipulan son los mismos que, sintiéndose impunes, cometen todas las corruptelas conocidas.
La “nueva propuesta Lima” tiene algunos puntos rescatables, pero por lo dicho no pasa de la epidermis de un cuerpo judicial donde el mal ha hecho metástasis. No queda sino la reforma por iniciativa ciudadana.
* Es político y abogado.
