“Matar al mensajero” es una frase que se conoce desde los tiempos de Plutarco, en el imperio romano. Se refiere a la acción de los poderosos que prefieren eliminar a los portadores de noticias, cuando estas no son de su agrado. En Bolivia abundan los ejemplos, como cuando Evo Morales perdió el referéndum de 2016 y su ministro, Juan Ramón Quintana, no halló mejor argumento que culpar a los medios de comunicación independientes, a los que agrupó en el denominado “cártel de la mentira”, documental pagado por todos los bolivianos incluido.
Por esa línea también discurre el vocero de la Presidencia, Jorge Richter, a quien no le agradan las noticias que divulga el periodismo no alineado con el oficialismo; él no dudó en considerar que hay una “corporación mediática” que presenta los hechos de una manera diferente a como los ve el Gobierno, como si la mirada del oficialismo fuera la única posible y, consiguientemente, debiera ser interpretada como verdad absoluta.
El informe de los peritos electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acerca de los sucesos de 2019, así como el del GIEI, que desnuda que hubo muertos antes y después de la renuncia de Morales a la Presidencia y que el afán de reelección indefinida fue el detonante de los hechos violentos de ese mismo año, sumados a la conclusión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentido de que la reelección indefinida no es un derecho humano, son contundentes.
El Gobierno ha desplegado muchas estrategias para cambiar la percepción e intentar posicionar que no hubo fraude, sino un golpe de Estado, y que los gobernantes de entonces fueron víctimas, antes que prorroguistas. Pero nada de eso le ha funcionado en los hechos, por lo que ahora va el ataque a los mensajeros de las noticias.
La certeza de que hubo manipulación dolosa de las elecciones está sustentada con pruebas irrefutables. Y ahora, casi dos años después, el poder utiliza las instituciones del Estado (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, etc.) para desvirtuar ese hecho. Al parecer, el siguiente objetivo de los ataques en pos de sostener la narrativa del supuesto golpe son los medios independientes. En el país, donde el impera el sistema democrático, el periodismo libre informa sobre la base de los hechos que cubre en las calles, fuera de todo discurso político de partido alguno, sea del oficialismo o de la oposición.
No solo actúan públicamente los altos funcionarios de Estado, también lo hacen los tristemente célebres “guerreros digitales”, quienes se esconden en falsas identidades para insultar y agraviar con fines partidarios e ideológicos.
El Estado boliviano tiene hoy como referentes a gobiernos tales como el de Cuba, con Miguel Díaz Canel, quien no titubeó al decir que “la libertad de expresión en la revolución sigue teniendo como límite el derecho de la Revolución a existir”; es decir, siempre que las opiniones o publicaciones no atenten contra los poderosos de la isla. Otro referente es Venezuela, donde sobran los ejemplos de ataques y censuras a los medios, al igual que Nicaragua, los tres países donde se extraña el respeto al derecho humano de la libertad de expresión.
En este punto, hay que recordarle al ciudadano que la libertad de expresión y de información es su derecho y que, si es vulnerado, no se afecta al periodismo únicamente, sino a su propia libertad de ser, de opinar y de elegir qué medio seguir para informarse.
Lo peor que puede pasar en Bolivia es que se normalice la censura. Que voces gubernamentales digan qué se puede y qué no se puede expresar, individualmente o a través de los medios de comunicación. Finalmente, que el amedrentamiento termine provocando autocensura.
