La erradicación de cocales excedentarios ha dejado de ser una prioridad del Estado boliviano. Uno de los últimos acompañamientos que la prensa hizo a una jornada de erradicación de cultivos de coca en el trópico de Cochabamba permitió constatar las dificultades con las que tropieza esta importante tarea para disminuir la incidencia del narcotráfico en Bolivia: resulta que las fuerzas erradicadoras no cuentan con ningún helicóptero para llegar a los lugares alejados y solo funciona el 80 por ciento de los vehículos en tierra.
Como es previsible, los cocaleros siembran coca ilegal en las zonas más alejadas de los centros urbanos, y es precisamente allí donde las fuerzas de la Policía y el Ejército no tienen manera de acceder. Las cuatro aeronaves destinadas a este trabajo están inutilizadas, en espera de una auditoría al proceso de compra de repuestos para los helicópteros.
Según las autoridades, se requiere ingresar por vía aérea a zonas del trópico cochabambino y también a regiones de los Yungas, como San Elena, Apolo San Fermín y Cuenca del Río Cotacajes.
No es la única dificultad; también el transporte terrestre de las fuerzas erradicadoras conjuntas está disminuido y se calcula que al menos el 20 por ciento de los vehículos se encuentra en mal estado y fuera de uso. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó, durante ese recorrido, que se analizan alternativas para fortalecer la unidad responsabilizada del mantenimiento de los vehículos o de adquirir nuevos motorizados.
Los efectivos de la erradicación son aproximadamente 1.700 y están desplazados en campamentos en las zonas productoras.
Las autoridades aseguran que, de la meta fijada por el Gobierno para este año, que es de 9.000 hectáreas de cocales erradicados, actualmente se tiene un avance de 3.262 hectáreas destruidas. De esa cifra, 2.791 están en el trópico de Cochabamba y 470,7 en los Yungas de La Paz.
Las tareas de erradicación comenzaron tardíamente en el mes de abril. El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, estima que hay un aumento de plantaciones de coca en el sector de Yapacaní y en la reserva del Choré, donde se calculan unas 200 hectáreas ilegales.
Las carencias de los equipos de erradicación deben ser atendidas con urgencia por el Estado para cumplir la meta anual de erradicación. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser una tarea permanente del Gobierno, pese a la afinidad política del partido gobernante con los campesinos productores de coca del Trópico cochabambino, cuya producción, se sabe, se destina prácticamente en su totalidad a la fabricación de cocaína.
Las difíciles condiciones en las que operan las fuerzas antidroga difieren sustancialmente de lo que ocurría en gobiernos anteriores al actual. Buena parte de los esfuerzos del Ejército y la Policía se destinaban a la destrucción de cocales excedentarios, y fue así como empezó la confrontación entre el Estado y los productores de coca en el Chapare. Hoy, estos últimos están prácticamente en el poder.
Hemos llegado al extremo de que las fuerzas antidroga no tienen helicópteros, pero hay aviones de la Fuerza Aérea Boliviana al servicio del partido de gobierno.
La producción autorizada de cultivos de coca en Bolivia alcanza a 22.000 hectáreas en todo el territorio nacional. En teoría, solo debieran existir, en la región de Yungas, 14.300 hectáreas que se destinan casi íntegramente al consumo tradicional y 7.700 hectáreas en el Trópico de Cochabamba. Sin embargo, las cifras, incluso las oficiales, están lejos de esas metas cuando ya nos encontramos en el noveno mes del año. (R)
