Mientras las narrativas sobre los sucesos de octubre/noviembre de 2019 mantienen dividido al país, la economía continúa sumando factores adversos cuyas consecuencias podrían ser funestas, así sea a mediano plazo.

Bolivia ya no puede abastecer con su producción la demanda de gas para cumplir con los contratos de exportación y a la vez satisfacer la demanda interna del energético. Así lo demostró el pedido que hizo el Ministerio de Hidrocarburos a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) de que reduzca su demanda para las termoeléctricas en al menos un millón de metros cúbicos diarios.

Se trata de un baldazo de agua fría que debe hacer sonar la alarma del Estado, porque esa restricción significa que el país ha entrado en una nueva fase como productor de gas, en la cual ya no podrá disponer libremente de las reservas porque estas apenas alcanzan para cumplir las obligaciones contraídas.

Desde hace algunos años se venía advirtiendo el ritmo decreciente de la producción gasífera y, en paralelo, la falta de nuevas inversiones de exploración que le dieran al país la oportunidad de descubrir nuevos campos y así reemplazar la caída de otros.

Pero además, la necesidad de cumplir primero con la entrega de los volúmenes contratados por Brasil y Argentina pone en aprietos a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) porque la Constitución y la Ley de Hidrocarburos establecen que el mercado interno es la prioridad en el abastecimiento de gas. Y sin embargo, a fin de evitar las multas por incumplimiento, en los hechos se pone por delante el envío a los compradores externos.

En el caso de ENDE, se sabe que esta empresa ya había sido advertida en diciembre de 2020 para reducir su consumo de gas, pero el compromiso de disminución que debía comenzar en junio reciente fue incumplido. Una serie de cartas que se intercambiaron entre el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y el Centro Nacional de Despacho de Carga recogen la preocupación por ese incumplimiento.

El informe técnico de YPFB al respecto es muy contundente: si el sector termoeléctrico continúa con el ritmo actual de consumo de gas, se generarán déficits de mayor consideración que incidirán de manera directa en el cumplimiento de entrega al mercado externo.

A la vez, ENDE sufre retrasos en la puesta en marcha de proyectos de generación de electricidad en los proyectos eólicos de Warnes, San Julián y El Dorado, que debían entrar en funcionamiento de manera paulatina desde abril hasta junio.

El tema vuelve a poner en la mesa del debate la necesidad de que el país emprenda nuevos proyectos de exploración a través de la inversión de grandes empresas gasíferas extranjeras, lo que a su vez deja nuevamente en evidencia el importante factor de la confianza que Bolivia debe brindar a los inversionistas.

Una nación con un discurso hostil a la inversión privada, un gobierno que prioriza una agenda de trabajo politizada y no pocas veces de persecución de opositores, una justicia totalmente desacreditada y corrupta, al servicio del poder político, no tiene precisamente las mejores cartas credenciales. Esas son las señales que Bolivia está lanzando hacia la comunicad internacional y, en particular, hacia las empresas que podrían poner sus ojos en los campos gasíferos.

Hace falta redefinir la agenda de temas fundamentales y acabar de una vez por todas con las retóricas del supuesto “golpe” y el “fraude”, principalmente con las teorías de conspiración, terrorismo y racismo que suele esgrimir el Gobierno cada cierto tema porque, entre otras cosas, solo profundiza las fracturas sociales de los bolivianos reabiertas en 2019.

La falta de gas para abastecer el mercado interno está demostrando que hay asuntos primordiales en el país de los cuales las autoridades deben ocuparse con urgencia.