Se ha cumplido el primer paro nacional en contra del gobierno de Luis Arce y oficialismo y oposición se han apresurado a hacer evaluaciones que, más allá de la realidad, reflejan lo que cada bando desea ver o que los demás asimilen.
Para el Gobierno, el paro fue un fracaso porque se limitó solo a algunas ciudades, particularmente del departamento de Santa Cruz, que fue el epicentro de las protestas. Los opositores, en cambio, consideran que la medida fue un éxito y, por lo tanto, se aprestan a preparar nuevas movilizaciones.
En una visión más aséptica, hay que decir que el paro alcanzó su objetivo… a medias. No logró paralizar el aparato productivo nacional, pero fue suficiente como para que el Gobierno se preocupe. Y es que, más allá de los argumentos del expresidente Evo Morales en sentido de que quienes participan en estas protestas son “pitilleros” y que cobran por ello, la verdad es que hubo un nivel de acatamiento que responde a la preocupación de la gente respecto a algunas de las leyes que está impulsando la administración Arce.
La motivación de origen es el rechazo al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, a la que se considera un arma de persecución política y, además, vulneradora de derechos ciudadanos, sin contar con que concede superpoderes a un organismo (la Unidad de Investigaciones Financieras) cuyo responsable es designado a dedo por el ministro de Economía. La norma avanzó de espaldas a la ciudadanía, no se hicieron las consultas necesarias a la hora de su elaboración, y tampoco se aceptaron las observaciones iniciales.
Las reacciones al proyecto de ley no se han dejado esperar y los sectores que se sienten afectados y que han convocado a movilizaciones y se plegaron al paro de ayer son: los comerciantes o gremialistas del país; el transporte pesado; el transporte urbano de varias ciudades; los empresarios privados; los periodistas y empresas de comunicación (porque se vulnera el derecho de mantener en reserva las fuentes informativas); los abogados. Al final se han sumado los cívicos del país, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, plataformas ciudadanas y algunas gobernaciones y municipios.
Debido a las protestas multisectoriales, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció la paralización del tratamiento en el plenario y una socialización, que ya ha comenzado en algunas ciudades. No obstante, los sectores que se consideran afectados han decidido continuar con la protesta expresando desconfianza en el Gobierno.
En respuesta, el Gobierno y varios voceros del MAS (Evo Morales es uno de ellos) atribuyen el paro a los movimientos cívicos y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desconociendo lo que el resto de la ciudadanía expresa. Es más, señalan que esta movilización es el inicio de un “golpe” y que promueve el “separatismo”.
Por lo visto, algunos prefieren la confrontación antes que la gestión, y queda en evidencia la falta de autocrítica al interior del Gobierno. Como si los epítetos y las agresiones pudieran cubrir la necesidad que tiene el país de avanzar y dejar atrás la polarización política y la siembra de odio que divide a los bolivianos.
Son esas —entre otras— las razones que han motivado a que varios sectores acaten el paro convocado no por Camacho sino por el movimiento cívico nacional. Y en la mayoría de los casos, el acatamiento fue voluntario.
Lo que viene, entonces, por lo que se anuncia, es una radicalización de las protestas. Quienes las promueven no han logrado una adhesión significativa en este primer intento, pero saben que tienen una base mínima en qué apoyarse: las polémicas leyes que, pese a todo, son impulsadas por el Gobierno.
