Después de 37 días y cerca de 600 kilómetros, los indígenas del oriente boliviano llegaron el 1 de octubre a Santa Cruz de la Sierra, procedentes de Trinidad, con el objetivo de hacer escuchar su voz: ellos piden respeto a sus pueblos, que se detengan los avasallamientos de tierras en estas regiones del país, que no invadan los territorios indígenas, que se cumplan las leyes.
Se trata de indígenas originarios del Oriente, Amazonia y Chaco bolivianos, muchos de ellos de avanzada edad o mujeres que caminaron con niños y bebés. Ahora se encuentran en el coliseo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), a la espera del diálogo con el presidente Luis Arce después de que rechazaran una reunión con otros funcionarios del Gobierno.
Los días pasan y no hubo ningún acercamiento. Hay que recordar que, antes de llegar a Santa Cruz, anunciaron que de no ser atendidas sus demandas, estaban dispuestos a marchar hasta La Paz. En las últimas horas manifestaron su respaldo al paro cívico nacional en contra de la polémica ley de legitimación de ganancias ilícitas que se cumplió parcialmente ayer en diferentes departamentos del país.
Los caminantes de la denominada XI Marcha Indígena por el Territorio y Derechos de los Pueblos, mientras hacían su ruta, trabajaban los detalles de un pliego petitorio en las comisiones que ellos mismos formaron entre sus integrantes. Esa es la respuesta a sectores vinculados al Gobierno que intentaron descalificar su movilización con el argumento de que aún no habían presentado ninguna demanda.
El grupo estuvo bien organizado desde el principio. Incluso tiene un vocero: es el cacique Abdón Justiniano, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB), quien en su momento explicó que dos comisiones trabajaban los temas de tierras y territorio, por un lado, y medioambiente por otro.
Finalmente, presentaron 16 puntos en su agenda de temas. Entre otras demandas, además de las ya mencionadas, destacan las relacionadas con educación, salud, justicia indígena, pacto fiscal, censo, asignación de escaños, abrogación de normas, cumplimiento de acuerdos y Tipnis.
El 25 de septiembre, enviaron cartas al presidente Arce, como máxima autoridad del Órgano Ejecutivo; al vicepresidente Choquehuanca, como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional; e invitaron al diálogo propuesto, también mediante misivas, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, y al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel.
“Cada poder del órgano de Estado está a la cabeza de su presidente. Necesitamos la respuesta oficial, formal en esa estructura y en ese nivel”, dijo al respecto el vocero de la XI Marcha Indígena, Marcial Fabricano, el mismo 1 de octubre, cuando llegaban a Santa Cruz. Nada se sabe del resultado de esos escritos.
Justiniano, luego de confirmar que no hubo avances respecto al diálogo solicitado, afirmó recientemente que esperan el pronunciamiento de las instancias internacionales para concretar nuevas formas de respaldo al Parlamento Indígena.
En varias oportunidades expresaron su protesta contra los grupos humanos que llegan de otras regiones y se instalan en áreas protegidas con la complicidad de algunos niveles del Estado, casi todos gracias a la afinidad política de esas comunidades con el partido en función de gobierno.
Ellos sienten la amenaza de las permanentes ocupaciones ilegales de tierras que, en muchos casos, se están destinando a cocaleros del occidente. Ellos, desde las tierras bajas, quieren dejar constancia de que son tan bolivianos como los demás. Pero el andinocentrismo los viene ignorando...
