Bolivia se caracteriza por tener una ciudadanía muy politizada. Aunque un alto porcentaje de la población desconfíe de los políticos, no menos cierto es que la agenda política concita el interés de los bolivianos, tal vez más que en otros países.

Solo una pandemia, después de la crisis de 2019, que se detonó con la revolución de los “pititas” y la posterior salida de Evo Morales del poder, fue capaz de superar en atención a las informaciones políticas en el ámbito nacional.

Esta semana, con el primer paro cívico contra el presidente Luis Arce, la política volvió a estar en boca de todos. De todos modos, nunca había dejado de estar…

Cabe aquí la pregunta de si los conflictos derivados de la polarización que mantiene divididos a los bolivianos, y que en muchos casos son alentados por intereses políticos o económicos (algo sobre lo cual hay incontables antecedentes históricos), realmente merecen tanto desgaste intelectual. Si, por concentrarnos casi exclusivamente en el desencuentro entre bolivianos, no estamos descuidando temas más importantes.

Hace poco, en este mismo espacio editorial, alertábamos de urgencias económicas que, como tales, no podemos darnos el lujo de hacerlas esperar. Decíamos que Bolivia estaría en puertas de un grave conflicto al existir un déficit en la demanda de gas para cumplir con los contratos de exportación y a la vez satisfacer la suya propia, la interna. El Ministerio de Hidrocarburos pidió a la Empresa Nacional de Hidrocarburos (ENDE) que reduzca su demanda para las termoeléctricas en al menos un millón de metros cúbicos diarios.

Desde hace algunos años se venía advirtiendo el ritmo decreciente de la producción gasífera y, en paralelo, la falta de nuevas inversiones de exploración que le dieran al país la oportunidad de descubrir nuevos campos y así reemplazar la caída de otros. Pero, además, la necesidad de cumplir primero con la entrega de los volúmenes contratados por Brasil y Argentina pone en aprietos a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) porque la Constitución y la Ley de Hidrocarburos establecen que el mercado interno es la prioridad en el abastecimiento de gas, y sin embargo, a fin de evitar las multas por incumplimiento, en los hechos se pone por delante el envío de los volúmenes contratados a los compradores externos.

En el caso de ENDE, se sabe que ya había sido advertida en diciembre de 2020 para reducir su consumo de gas, pero el compromiso de disminución que debía comenzar en junio reciente fue incumplido. Una serie de cartas que se intercambiaron entre el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y el Centro Nacional de Despacho de Carga recogen la preocupación por ese incumplimiento.

El informe técnico de YPFB al respecto es contundente: si el sector termoeléctrico continúa con el ritmo actual de consumo de gas, se generarán déficits que incidirán de manera directa en el cumplimiento de entrega al mercado externo.

A la vez, ENDE sufre retrasos en la puesta en marcha de proyectos de generación de electricidad en los proyectos eólicos de Warnes, San Julián y El Dorado, que debían entrar en funcionamiento de manera paulatina desde abril hasta junio. El tema vuelve a poner en debate la necesidad de que el país emprenda nuevos proyectos de exploración a través de la inversión de empresas gasíferas extranjeras, lo que a su vez evidencia una vez más el factor confianza que Bolivia debe garantizar hacia los inversionistas.

Este es apenas uno de los problemas que requieren de máxima concentración para resolverlo sin que redunde en perjuicios económicos ni que afecten al diario vivir de los bolivianos. Pero da la sensación de que es imposible, hoy en día, cuando el aparato del Estado parece dedicado al 100 por ciento a las peleas políticas, como parte de una suerte de competencia nacional —perversa, sin duda alguna— por quién saca a más gente a las calles.