Es fácil saber si se tiene un buen o mal Gobierno. La grandeza de un gobernante es ser reconocido y respetado por todos los gobernados, sean del color que sean, de la tendencia política que elijan o de la ideología en la que militen. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, son muchos los mandatarios que optan por el poder para aplastar al adversario, para hacerlo desaparecer, en lugar de escucharlo, validarlo y construir así una sociedad integradora.
Actuar guiado solamente por la ambición de poder deja consecuencias de confrontación, separatismo y quiebre democrático en los países. En Bolivia, este camino se repite una y otra vez. Los gobiernos de turno se ocupan de anular a los cuestionadores, porque son incapaces de convivir con las críticas y con las reglas de la democracia. En esta línea se inscriben, por ejemplo, frases como las de Evo Morales, cuando dice que en Bolivia no podrá haber reconciliación si los “derechistas, fascistas o racistas” no aceptan el plan de gobierno del MAS. Aquí hay que aclarar que esos calificativos son aplicados por el jefe del partido en función de gobierno para todos los que no se someten a sus designios, incluso para quienes se declaran izquierdistas como él.
En esa misma dirección están también los que ingresan a territorios comunitarios de origen para tomar posesión a como dé lugar, aunque esto signifique el uso de agresiones o ser favorecidos por el Gobierno que es bueno para reconocer los derechos de los partidarios y descalificar los de los grupos críticos y contestatarios.
Y así avanza el tiempo y la polarización se profundiza, deja huellas dolorosas, se apacigua hasta que vuelve a exacerbarse. Resulta increíble que esta pulsación se mantenga desde hace décadas y que Bolivia no logre tener una paz duradera, cuando los que detentan el poder están demasiado ocupados en quedarse en sus puestos de privilegios antes que propiciar una reconciliación.
Ya se sabe lo que ocurre cuando se mantiene la confrontación. En cambio, si se impulsara la reconciliación, el país podría tener estabilidad política, consolidar una economía en la que todos los sectores ganen y se comprometan a generar desarrollo; los avances sociales serían sostenibles y el bienestar de los unos no se basaría en la derrota de los contrarios, sino en el bien común.
Un escenario así parece una utopía en la realidad actual. Incluso el embajador de la Unión Europea opinó hace algunas semanas que no hay condiciones para un diálogo reconciliador. El problema es que, en vez de buscar puntos de encuentro, se dinamita los puentes y se exacerban las razones para generar animadversión.
Es cierto que se necesitan dos para que exista polarización y confrontación, pero la mayor carga de responsabilidad en la búsqueda de reconciliación es de quien tiene en sus manos la conducción del país, porque tiene las instituciones bajo su control. Sería diferente la realidad actual si el INRA, la ABT y todas las entidades del Estado actuaran en función del bien común y no con el fin de incrementar el poder del gobierno de turno.
Bolivia se encuentra en un momento en el que aún se puede construir esperanza, unidad y un mejor horizonte para todos. El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca tienen la oportunidad de marcar una diferencia con relación a la radicalidad de Evo Morales y muchos de sus allegados. Actuar en consecuencia puede distensionar, no hacer nada o seguir alimentando las diferencias tenderá fortalecer las posiciones extremistas y terminará desbordándose con imprevisibles consecuencias.
