Si se suma a su crisis la instrumentalización del Tribunal Constitucional, la administración boliviana de la justicia ha caído a los niveles más bajos de su historia. Tanto que su descrédito apenas es superado por los reportes de los crímenes más abyectos.
Y es que, además de haberse sometido al poder político sin importar quién esté en el Gobierno, en el interior del Órgano Judicial también se han anotado irregularidades de antología.
Entre 150 y 200 expedientes de procesos disciplinarios contra jueces y personal de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial desaparecieron del Consejo de la Magistratura. La documentación sencillamente desapareció, como por arte de magia.
Son documentos de procesos de las gestiones 2018, 2019, 2020 y 2021 y que debían ser resueltos en un plazo de cinco días a un máximo de un mes.
Los papeles que desaparecieron son los procesos disciplinarios por faltas supuestamente cometidas por jueces y funcionarios de jurisdicción de todos los distritos del país, que estaban allí, todos juntos, porque llegaron a la instancia de apelación en la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura.
La consejera Mirtha Meneses explicaba que esos expedientes habían ingresado al Consejo con recursos jerárquicos, pero no salieron las resoluciones, por lo que se entiende que estaban a cargo de los exconsejeros Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, que luego fueron cesados.
Ambos consejeros fueron destituidos por orden de la Sala Constitucional Segunda de La Paz el 28 de julio al confirmar la Resolución Constitucional 150/2021, que los cesaba por haber incurrido en incompatibilidad: se verificaron casos de nepotismo porque el esposo de Gómez es juez de Trabajo en Santa Cruz y el hermano de Alcón, juez del Distrito Judicial en La Paz.
Pese a esos vínculos familiares directos, los cuatro funcionarios estuvieron trabajando con absoluta normalidad durante más de tres años.
Antes de ser elegido como consejero del Consejo de la Magistratura, Alcón era comandante de la Armada Boliviana en 2013, y era conocido por su estrecha relación con el entonces presidente Evo Morales.
La inusual desaparición de la documentación fue descubierta cuando los nuevos consejeros —los que reemplazaron a Gómez y Alcón— solicitaron información referida a los expedientes en trámite, y, al no recibir ninguna respuesta, ordenaron una intervención con presencia de un notario público para verificar la existencia de aquellos expedientes. Como resultado de la acción, descubrieron que no estaban físicamente a disposición; en una palabra, desaparecieron.
Debido a la falibilidad humana, un expediente puede perderse. La posibilidad forma parte de los actos procesales, que establecen formas de reponerlos cuando se extravían. La pregunta que se hacían las autoridades de la Magistratura hasta mediados de este mes es: ¿cómo se perdieron casi 200? La única respuesta posible es que su desaparición fue intencional y hacía sospechar de los exconsejeros, quienes podrían haber dispuesto que esos papeles sean ocultados con fines desconocidos.
Finalmente, y ante el anuncio de procesos, exfuncionarios que estaban vinculados a los exconsejeros terminaron devolviéndolos. Así, se informó de la recuperación de 186 expedientes en total. El consejero Marvin Molina dijo que en algunos se han encontrado contradicciones porque hay hasta dos o más fallos distintos en un mismo caso.
¿Cómo se justifican semejantes hechos? Lo mínimo que se puede esperar es que el manejo irresponsable de estos expedientes también sea motivo de investigación y procesos al interior del Órgano Judicial.
