El presidente Luis Arce ha anunciado la abrogación de la cuestionada Ley 1386. Lo que ahora corresponde es que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe otra norma que deje sin efecto aquella. Mientras eso ocurra, y la ley de abrogación no se publique en la Gaceta Oficial de Bolivia, la 1386 seguirá vigente.
Pero no se trata de esperar que eso ocurra para encontrar una solución al estado de anomia en el que la huelga general indefinida ha puesto al país. Más allá de si esta movilización tuvo éxito o no —pues eso todavía está por verse—, hay que recordar que la paralización del aparato productivo del país nunca será considerada una medida atinada.
En el transcurso de hoy y mañana, las organizaciones que convocaron al paro analizarán la viabilidad de levantar la medida o no, aunque muchas ya comenzaron a hacerlo por su lado, desde anoche. A partir de ahí, todavía es pronto para hablar de una solución al conflicto.
Si bien es cierto que la demanda principal era abrogar la Ley 1386, no se debe olvidar que el movimiento cívico nacional planteó, también, idéntica acción para con otras normas, a las que engloba en el denominado “paquete de leyes malditas” que, a su juicio, estaban destinadas a permitirle al Gobierno un control directo sobre muchas de las actividades que actualmente forman parte de la esfera privada o están protegidas por la Ley de Bancos.
Por tanto, hoy sabremos si se mantiene la huelga, se la levanta o declara un cuarto intermedio. Lo que sí es previsible es que la medida sufrirá resquebrajamientos porque por lo menos algunas de las organizaciones que solo apuntaron a la Ley 1386 considerarán que su pedido ha sido atendido y suspenderán sus presiones.
Ahora bien… si las medidas se mantienen, el Ejecutivo tendrá un argumento de peso para señalar que la huelga es una estrategia política destinada a “tumbar” al gobierno en lo que ya ha sido denominado “segundo golpe de Estado”. Dirá que la ley 1386 ya ha sido abrogada, como pedía la mayoría, y no hay necesidad de mantener la presión. Por su lado, los cívicos tendrán que ver cómo manejan una situación que ya no les será tan favorable a partir del anuncio de la abrogación.
Y es que el gran problema de esta huelga no es tanto el hecho de que toda paralización de labores perjudica más a la gente que al gobierno sino que, de mantenerse, su sostenimiento se hará cada vez más complejo. Nos encontramos ya a fin de año y es preciso encarar actividades inaplazables como balances y cierres de gestión. Si a eso le agregamos la proximidad de las fiestas de fin de año, que aparejan un innegable movimiento económico, encontraremos que lo más inteligente sería declarar por lo menos un cuarto intermedio.
Estos son los elementos de juicio que nos permitimos apuntar ahora que el anuncio presidencial ha configurado un panorama que, obviamente, es distinto al del día anterior. ¿Están los dirigentes a la altura de las circunstancias? Las críticas al gobierno, por haber introducido leyes intrusivas en nuestra economía jurídica, no deben hacernos olvidar que la esmirriada oposición también tuvo sus fallas y estas no vinieron por la vía de la acción sino de la omisión.
No importa que Comunidad Ciudadana haya publicitado que sus senadores y diputados advirtieron de la peligrosidad de las leyes que se iba aprobando en el Parlamento. Lo cierto es que dichas advertencias no tuvieron la fuerza suficiente como para convertirse en noticia nacional.
La sensación que queda es que los opositores permitieron que las leyes se aprueben y lleguen, incluso, a ser promulgadas. Esa falla la tuvo que afrontar el pueblo boliviano en las calles y ese es un hecho que no debe dejarse flotando a la hora de los balances.
