Estamos viviendo un cuarto intermedio en el conflicto por las leyes que el movimiento cívico nacional ha calificado de atentatorias contra el patrimonio y los derechos de los ciudadanos. No sería raro que las presiones se reinicien después de las fiestas de fin de año.
En contrapartida, hay señales de confrontación que provienen del mismo gobierno. Los movimientos sociales advirtieron que no se tocará una sola ley más, lo que revela que al interior del oficialismo existen decisiones tomadas respecto a esas normas.
Al momento de abrogar la Ley 1386 quedaron claras las motivaciones de la mayoría parlamentaria para acceder a esa exigencia de cívicos y varios sectores del país. El MAS incorporó en las consideraciones de la ley el argumento de que daba curso a la abrogación para evitar que se deponga al Gobierno.
Textualmente, aprobaron la abrogatoria de la Ley de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas “a efectos de que no existan pretextos para seguir paralizando nuestra economía y no haya forma de que grupos minoritarios, que responden a intereses particulares y extranjeros, que emplean grupos parapoliciales y paramilitares, del mismo modo en que lo hicieron durante el golpe de Estado de 2019, nuevamente pretendan deponer un Gobierno elegido en las urnas con más del 55 por ciento, valiéndose de violencia, desinformación, hambre y luto de nuestro pueblo”. Párrafo que provocó nuevos desencuentros, esta vez entre legisladores del oficialismo y la oposición, porque estos últimos entendieron que tales conceptos dejan la puerta abierta para que el MAS criminalice la protesta y a los ciudadanos que participaron del reciente paro multisectorial.
La justificación habla de “grupos minoritarios que responden a intereses particulares y extranjeros, que emplean grupos parapoliciales y paramilitares”. No, no se refieren a las milicias de Las Londras, un caso del que hasta ahora no hay ni un solo detenido.
Mientras tanto, se insiste –ahora entre los argumentos de una ley (¿?)– con la prédica de un “golpe de Estado de 2019” y de supuestas intenciones de deponer al gobierno de Arce. Pero tales afirmaciones se repiten una y otra vez, curiosamente, sin bases sólidas para sustentarlas. Y muchas veces suenan a revanchismo, después de las graves persecuciones judiciales que impulsó durante la administración transitoria de Jeanine Áñez su exministro de Gobierno, Arturo Murillo, hoy encarcelado en Estados Unidos, contra adláteres del actual oficialismo.
Esas actitudes anuncian, tristemente, que en Bolivia nada cambia, ni siquiera después del dramático paro de nueve días con los resultados económicos que ya se conocen, más allá de quiénes hayan “ganado” y quiénes, “perdido” en lo político. La fuerza política mayoritaria debería incluir el diálogo y la búsqueda de acuerdos en su agenda de trabajo. ¿Está dispuesto a hacerlo? Por ahora, las señales son desalentadoras. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), lejos de mostrarse conciliador, ha dicho que socializarán las futuras leyes (algo que debió hacerse siempre y no esperar a un paro nacional) “para que no se instituya la mentira oportunamente”. Y a continuación dijo algo que sonó a amenaza: “…nos vamos al rearticular con todas las organizaciones sociales, con todas las juventudes en los nueve departamentos para que ellos sean parte y socialicemos los proyectos de ley que van a venir en adelante”. De una u otra manera, irresponsablemente, se sigue alentado la violencia.
No queda más que aprovechar este paréntesis o especie de tregua (frágil, pero tregua al fin) para poner las cosas en orden, entre los balances y cierres de gestión que son necesarios para pasar al nuevo año con las cuentas claras y a la espera de un 2022 mejor.
Las marchas de universitarios que exigen la abrogación de la Ley 1407, a la que consideran violatoria de su autonomía, son indicadores de que el próximo año se anuncia cargado de (más) polarización, protestas y, lamentablemente, probables escenarios de confrontación.
