El alejamiento de Rosario Baptista del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la furibunda reacción de algunos parlamentarios del MAS han dado lugar a renovadas observaciones y a una repetición de anteriores cuestionamientos a un padrón sobre el que existen sospechas desde hace ya buen tiempo.
Baptista no se fue agachando la cabeza. Puso por escrito los “defectos y falencias existentes en el sistema electoral nacional”, y dijo haber pedido “información e investigación para responder a la población que expresó dudas sobre la integridad del padrón electoral, (pero) estos deberes institucionales no han sido posibles de ser cumplidos, debido a la influencia política partidaria que se ejerce sobre la mayoría de los vocales elegidos” (textuales palabras suyas).
No se trata de ninguna novedad. Prácticas como el control del voto en el área rural y el hermetismo con el que se ha blindado el Padrón Electoral son razones para dudar de la transparencia de los procesos electorales que, en los últimos años, han sido ganados invariablemente por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Hay dos elementos principales en los cuestionamientos de Baptista Canedo cuando ejercía la vocalía electoral: las dudas sobre el padrón y la independencia del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Ambos fueron motivo de declaraciones públicas que incomodaron al TSE, provocaron represalias del oficialismo y tuvieron poco impacto en la ciudadanía, la oposición y los medios de comunicación, quizás porque sucedieron en momentos en los que su atención estaba concentrada en otros sucesos coyunturales.
Las reacciones oficiales y oficialistas a la renuncia de la vocal permiten entender mejor lo que ella publicó seis días antes, cuando denunciaba que “el precio por pretender actuar en base a la Constitución y la ley ha sido la persecución política, en lo interno a través de procesos disciplinarios y acoso laboral (…), y en el ámbito externo mediante denuncias penales y amenazas que ponen en riesgo (…) mis derechos civiles, mi integridad y seguridad”.
El año pasado, Baptista había denunciado también “la posible existencia de un bloque de data alterno”. Ahora, casualmente, su renuncia la hace merecedora de la arremetida del MAS y del propio TSE. Inclusive, asambleístas del oficialismo anunciaron la apertura de un proceso penal en su contra, pidieron su destitución por “abandono de funciones” y se ocuparon por saber si está en el país.
El TSE fue lapidario en su pronunciamiento, emitido cinco días después de la dimisión de marras, expresando “su rechazo vehemente a las temerarias y fantasiosas afirmaciones de la exvocal Baptista”.
También calificó de “fantasioso” que el MAS tiene “el control total de todos los Órganos del Estado” o “que bajo las condiciones actuales nunca perderá una elección”. Luego, aseguró que “Bolivia cuenta con un padrón electoral biométrico sólido y confiable”.
Sin embargo, una investigación realizada sobre la base de publicaciones de prensa constata que, en 2009, cuando se realizó el padrón biométrico, “en 26 días hábiles, la CNE empadronó a 2.472.078 personas. En promedio, poco más de 95 mil personas diarias. Pero los equipos de la CNE tienen capacidad para procesar sólo 60 mil registros diarios”.
Esas son solo algunas de las dudas que subsisten desde 2007, cuando el entonces gobierno de Evo Morales anunció una campaña de carnetización gratuita que no debió realizar el Ejecutivo sino la que todavía se llamaba Corte Nacional Electoral. Fueron los tiempos en los que se denunció que la entrega de documentos de identidad se realizaba en una casa de campaña del MAS.
