Recientemente, en Glasgow (Reino Unido) se discutieron acuerdos globales para tratar de limitar el cambio climático. Una de las medidas, ya funcionando por casi dos décadas en varias partes del mundo, aunque no en Bolivia, es el mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). La idea detrás es que los procesos de producción ahora no incluyen en sus costos el uso o daño al medio ambiente, que es de todos y por mucho tiempo parecía gratis. Fijar este costo, expresado en derecho de emisión de GEI, parece una justicia en beneficio de la sobrevivencia de la humanidad. Además, la disponibilidad de derechos podría limitar el total a GEI emitidos y así la contaminación de la atmósfera.
La fijación del costo, sin embargo, es un tema de mucha discusión. Primero, porque la determinación es a nivel de país, o, como es el caso de la Unión Europea (UE), de bloque de países. Esto significa que los países que lo implementan ponen una carga extra a su industria, que le dificulta competir con productores en países sin costo para el derecho de emisión. La UE resolvió este problema inicialmente dando la mayor parte de los derechos de forma gratuita a su industria. Más adelante, los derechos fueron vendidos en subasta. Los derechos pueden ser comercializados en el mercado, con demanda de industria nueva o en expansión y con oferta de industria que ha logrado reducir su emisión por mayor eficiencia o uso de energía renovable.
Los resultados no fueron óptimos, porque la entrega gratis de los derechos llevó a que los precios quedaran bajos, haciendo que fuera más barato emitir gases que invertir en innovación y eficiencia. También fue un desincentivo para nueva industria limpia, que no podía acceder a los derechos gratuitos. Para el futuro, la UE plantea un impuesto a productos importados basado en la emisión de GEI que haya causado, como forma de evitar competencia desleal con la producción interna y así tener un mercado de derechos de emisión más real y efectivo.
Otro tema espinoso fue el cálculo de la emisión de GEI, aunque con los años ya se ha desarrollado mucha práctica para diferentes industrias, la agricultura, el transporte, etc.
Pese a los problemas, es una medida con un creciente impacto y aceptación; en la UE ya afecta a casi la mitad de las emisiones, equivalente 2.000 millones de toneladas de CO2. También resultó en reducciones de emisión en varias industrias. Obviamente, el mercado de derechos debe ser completada con acciones directas en transición energética, forestación, etc., que dice preferir Bolivia.
Me pregunto: ¿cómo sería un mercado de derechos de emisión en Bolivia? Por ejemplo, si por las quemas de tierra agrícola se debieran comprar derechos de emisión, podría ser un incentivo para que los productores busquen alternativos: podría ser más efectivo que el actual sistema de autorizaciones. Empresas que inviertan en energía renovable y de esta manera reduzcan su emisión de GEI podrían vender derechos para financiar la innovación. Se podrían incentivar proyectos de forestación otorgándolos derechos de emisión a ser vendidos en el mercado. Hay muchas oportunidades.a
