Las decisiones adoptadas por los dirigentes cívicos del país que se reunieron en la ciudad de Potosí, incluidas una marcha para mañana, viernes, y un cabildo nacional para el 15 de enero, en Santa Cruz, dejan abiertas una serie de interrogantes respecto a lo que vaya a ocurrir de aquí a fin de año y también el próximo mes, el primero de 2022.
Desde la aprehensión del exlíder cívico Marco Antonio Pumari, la Villa Imperial se ha constituido en el centro nacional de las protestas en contra del gobierno de Luis Arce. En rigor, Potosí ya venía demostrando su peso específico como región opositora desde 2019, cuando se resistió fuertemente al fraude electoral con el que se pretendió extender el mandato de Evo Morales.
En aquel entonces ocurrió con Pumari; ahora, una mujer, Roxana Graz, a la cabeza del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en ausencia de Juan Carlos Manuel, tomó la palabra, fuerte y claro, para rechazar las últimas decisiones del Gobierno, que movilizó a 2.000 policías hasta la Villa Imperial para buscar a tres personas.
A Manuel se le adjudica la redacción de una carta enviada desde la clandestinidad. “(Quiero) pedirles que nunca, nunca nos dejemos intimidar por estos hechos irregulares judicializados por el Gobierno. No es más que el miedo que tienen que se sepa la verdad de las auditorías que estamos pidiendo los bolivianos a las elecciones de 2020”, dice la primera parte de ese manuscrito.
El dirigente cívico menciona también los hechos acaecidos el 8 y el 9 de noviembre pasado, cuando se registraron enfrentamientos entre citadinos y campesinos que habían llegado a la capital potosina para rechazar el paro indefinido por la polémica Ley 1386. El saldo trágico de esos choques fue una persona muerta, Bacilio Titi, de 21 años de edad, en el segundo día de aquella medida de protesta.
No solo Manuel, también el presidente del Comité de Movilizaciones de Comcipo, Ramiro Subia, se encuentra en la clandestinidad.
Mal síntoma para un país que algunos de sus principales dirigentes opositores tengan que resguardarse de una persecución judicial que se parece cada vez más a un acto de venganza política.
Esto último se puede inferir de las declaraciones de, por lo menos, un par de ministros que, como parte de lo que ya es su costumbre, no demuestran tener un afán de justicia desde sus importantes lugares de trabajo, tal cual se lo señala la función pública, sino que, por el contrario, están empeñados en perseguir políticos contrarios a su línea partidaria.
El Órgano Ejecutivo, a través de esos ministros que actúan de la mano del Ministerio Público y del Órgano Judicial, en una cada vez más clara injerencia sobre instituciones y un poder del Estado que, en los papeles, deberían ser independientes, continúa en la lógica amigo-enemigo para hacer respetar la ley en Bolivia.
Según esa lógica, el que no se identifica con el partido en función de gobierno, atreviéndose además a encabezar algún movimiento de protesta o medida de presión, se pone inmediatamente en el punto de mira de la Policía, de la Fiscalía y de jueces a la orden del Ejecutivo.
Manuel, en su carta, pidió a los campesinos unidad y “no tener miedo”. Pero las dirigencias políticas y sindicales, salvo raras excepciones como la de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca, se han encargado de seguirles el juego a quienes desde hace años vienen empeñando sus mejores esfuerzos en dividir al país.
La pacificación de los bolivianos, a menos de diez días de la Navidad, es, hoy, solo un anhelo. Se viene una marcha y después un cabildo nacional. No se advierten en el Gobierno muestras de interés alguno en desactivar, mediante el diálogo, estos movimientos cívicos.
