En los anales de la historia se registra que Chile es uno de los 51 países miembros fundadores de la ONU, al firmar la Carta de San Francisco el 26 de junio de 1945 y ratificada en octubre del mismo año, durante la presidencia de Juan Antonio Ríos (1944-1945).
Esta particularidad fundante como miembro original de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inscribe a Chile entre los 21 países que crearon y firmaron la Carta de la OEA el 30 de abril de 1948 en Bogotá y que entró en vigor el 13 de diciembre de 1951.
Entre los pilares fundamentales de la Organización y que se obligó Chile a reconocer y aplicar son: la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Asimismo, en San José de Costa Rica en la IX Conferencia ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 y la Carta Democrática Interamericana, entre otros instrumentos internacionales.
En el marco del sistema interamericano, Chile también ha reconocido como obligatoria de pleno derecho la competencia tanto de la Comisión como la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en hechos y conflictos producidos a partir de su ratificación o adhesión. Respecto a la democracia y al grado de descomposición que se observa en países de regímenes populistas autoritarios (Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia), a las denuncias de violación de derechos humanos ante estos órganos internacionales, parecen no haberse aplicado con oportunidad las medidas cautelares y, si fueron adoptadas, no fueron cumplidas, situación que la comunidad internacional ha cuestionado severamente, sin que los resultados de protección eficaz de los derechos humanos sean evidentes; por el contrario, los gobiernos se vuelven más violentos y tiranos.
De ahí que se entiende la desesperación de muchas personas que sufren la crisis económica y desde 2020 la crisis de la salud pública con el covid-19, de la que no logra recuperarse la humanidad. Estos dos episodios mundiales nos deben hacer comprender la incertidumbre y la angustia por el futuro, que son factores que definen nuestra época. Se comparte incluso la indignación de tanta gente que salió a las calles en los últimos años en busca de respuestas y de atención, especialmente en sistemas autoritarios concentradores de todos los poderes e instituciones públicas. Pero muchas de las soluciones que obtuvieron y obtienen de los nuevos políticos y de otros viejos políticos que se acomodaron a los tiempos tienen más el propósito de regalarles el oído y ganar votos que de encontrar soluciones a las centenarias frustraciones.
Chile tuvo en los últimos 16 años gobiernos alternados entre socialistas, a la cabeza de la expresidenta Michelle Bachelet, y Sebastián Piñera, de la derecha. Este último el 11 de marzo de 2018, en su segundo mandato, dijo: “Sí, juro” con voz firme, cuando el presidente del Senado, el socialista Carlos Montes, le dirigió la pregunta de rigor constitucional: “¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, mantener la libertad de la nación, resguardar la Constitución y las leyes?”. Es la prueba más elocuente de que con el triunfo del izquierdista Gabriel Boric sobre el derechista José Antonio Kas no solo que se repetirá el mismo juramento, sino que la cultura de políticas públicas de Estado no variará en lo fundamental, sean de orden económicas, sociales, desarrollo y otras. Tanto es así que en días pasados Piñera anunció la presentación de un proyecto de ley al Legislativo, referente a prensiones de garantía universal para mejorar las pensiones a activos y jubilados mayores de 65 años, que beneficiará a 2,3 millones de ciudadanos chilenos y que cuenta con el compromiso de los participantes en el balotaje.
En este sentido, armar una visión común es emprender políticas públicas, porque el Gobierno sí gobernó y el Parlamento ejerció las funciones legales y constitucionales significativamente en base a pactos y consensos, porque el interés no es el programa del partido que gobierna, sino de los mandantes que tienen el legítimo derecho a reclamar soluciones integrales y mejorar sus niveles de condiciones de vida. Por ello, aunque el partido comunista tendrá su peso en cambios de políticas públicas de Estado, pensar que Boric –cuya asunción a la presidencia está prevista para el 22 de marzo de 2022– vaya a desorbitarse de los organismos regionales es poco probable.
Los resultados de la Constituyente podrían introducir nuevas esperanzas para el pueblo chileno.
Pérez Royo, J. (2018: 218) dice: “La máxima expresión de la legitimidad democrática constituida tiene que aparecer periódicamente, a fin de contrarrestar el desgaste de la legitimidad constituyente originaria”. Quien no actúa así, se condena a la destrucción de su Constitución.
* Es abogado defensor de DDHH.
