Los decretos supremos 4640 y 4641 ordenan la presentación del carnet de vacunación o de una prueba negativa de PCR para ingresar a instituciones públicas y privadas y lugares donde existen aglomeraciones. Pero, en los últimos días, dirigentes de organizaciones e inclusive políticos manifestaron su rechazo a esas normas emitidas por el gobierno de Luis Arce para promover la inmunización de los bolivianos.
A las obstinadas expresiones de los movimientos antivacunas, generalmente basadas en curiosos argumentos con el propósito de rebatir las campañas que se desarrollan en todo el mundo para contener la pandemia del coronavirus, se sumaron ahora las de aquellos que, si bien dicen no oponerse a la vacunación, intentan frenar las restricciones dispuestas para que bajar los contagios en instituciones y espacios comunes en los que haya reuniones de una gran cantidad de personas.
Es, por supuesto, una medida gubernamental extrema, porque así lo exige la emergencia de los países que vienen reportando un preocupante ascenso de casos de covid-19. La cuarta ola de la pandemia en Bolivia ha ingresado a una etapa de alerta máxima, con cifras de contagios nunca antes registradas desde el inicio de esta pesadilla de la cual no podemos despertar, casi dos años después del primer caso.
Según las disposiciones legales, la vacuna —es necesario remarcarlo— no es obligatoria. Quienes todavía rechazan la posibilidad de recibir las dosis de cualquiera de las marcas que han llegado al país, para los distintos grupos etarios, partiendo desde los niños de cinco años en adelante, tienen la posibilidad de optar por presentar una prueba negativa de PCR cuando necesite ingresar, por ejemplo, a una entidad bancaria o a cualquier institución o empresa pública y privada.
Las personas que han decidido no recibir la vacuna, por las razones que fueran, deben reflexionar sobre el hecho social de la convivencia. No solamente se trata de su salud, de manera individual, sino de la de todos los habitantes del país. Y la salud de la totalidad de los bolivianos, en una pandemia en la que los contagios se producen entre personal, depende de la responsabilidad individual.
Hasta ayer, el 50,1% de la población recibió la primera dosis y el 40,1%, dos dosis, es decir, el esquema completo de vacunación. Además, el 5% ya tiene tres dosis, o sea, inclusive la de refuerzo.
En cantidad de dosis, hasta este miércoles 5 de enero, se administraron 10.119.454 en todo el país. Está confirmado, por diversos estudios científicos, que una persona vacunada tiene muchas menos probabilidades de enfermarse de covid-19 y de contagiarse, en comparación con alguien que no ha recibido la vacuna.
La desinformación de quienes se esfuerzan por hacer fracasar los planes de los gobiernos para procurar la inmunización de una mayor cantidad de las poblaciones, con el fin de lograr la “inmunidad de rebaño”, está haciendo un daño enorme en todo el planeta.
Las unidades de terapia intensiva comienzan a llenarse en Bolivia y la precariedad del sistema nacional de salud vuelve a ponerse a prueba, pura y exclusivamente, por la irresponsabilidad de gente con ideas desafortunadas.
Por la salud, por la vida de todos, que prime la racionalidad.
