La corrupción que se ha encontrado en Santa Cruz, con los denominados “ítems fantasmas”, ha confirmado, por enésima vez, que ese mal no tiene ideología, color político, ni hace distinción alguna, por cuanto infesta a todos aquellos que alcanzan a tener poder.
El Gobierno ha intentado aprovechar la situación para desprestigiar a Santa Cruz, sin lograrlo, por cuanto la mayoría recuerda que el gobernante MAS tiene una larguísima lista de actos de corrupción en su haber, especialmente en el dilatado gobierno de Evo Morales.
La lista de irregularidades cometidas en más de 13 años es tan larga que este espacio no alcanzaría para enumerarlos, ni siquiera a renglón seguido y solo apelando a las comas.
Entre los casos más sonados está, desde luego, el de Catler Uniservice, que involucró en 2008 al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, y, como el escándalo no se limitó a un millonario pago de sobornos, sino que le costó la vida a una persona, asesinato mediante, el principal acusado fue a parar a la cárcel, de la que salió hace poco más de tres años.
A partir de ahí, la lista de escándalos con cifras siempre de seis ceros creció geométricamente y terminó por deteriorar la imagen del régimen que, finalmente, fue echado del poder a las malas. Uno de los primeros efectos del desmoronamiento de ese régimen fue la explosión en cadena de revelaciones sobre los escandalosos casos de corrupción que fueron acumulándose durante el gobierno del binomio Morales/García.
Nada sorprendente hay en ello, pues era bien sabido que, probablemente sin excepción, todas las reparticiones del Estado y las empresas públicas, fueron objeto de las más diversas formas de desfalco, desde las más burdas hasta las más sofisticadas.
Se sabía, también, que las empresas de las Fuerzas Armadas llegaron a ocupar un lugar muy destacado en el andamiaje especialmente montado para transferir recursos públicos a cuentas privadas, por ser esa una de las más eficientes maneras de sellar la lealtad y sometimiento de altos mandos militares. Esa fórmula, tan eficientemente aplicada en Cuba y Venezuela, fue replicada en Bolivia, igual que la del pago al Gobierno de Cuba por el trabajo de súbditos de ese país que eran o se hacían pasar por médicos.
En ese contexto, se recuerda, también, los malos manejos en que incurrieron algunos excomandantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Se trata, como es fácil recordar, de estafas cometidas en nombre de Transporte Aéreo Militar (TAM) mediante la compra, con millonarios sobreprecios de por medio, de repuestos y aviones para esa empresa que, por múltiples motivos, llegó a ser todo un ejemplo de los extremos a los que puede llegar el desprecio por la ley.
La corrupción, por tanto, fue determinante para la insurrección popular que estalló primero en Potosí, en septiembre de 2019, y se extendió al resto del país tras evidenciarse un fraude electoral que fue el que precipitó la renuncia de Evo Morales.
Y lo que vino después no fue mejor. El breve gobierno de Jeanine Áñez también fue una lamentable muestra de corrupción que se cometió, especialmente, en la compra de respiradores para los enfermos de covid-19. Aquí, el latrocinio es agravado porque fue cometido en contra de la salud del pueblo boliviano.
Resta por saber, ahora, cuáles son los actos de corrupción del gobierno de Luis Arce, aunque, por ahora, el común denominador es el uso indebido de bienes del Estado. El que aparece como el mayor caso es la disposición de dinero de YPFB para una denominada compensación a los cocaleros porque serían las supuestas víctimas de daños ambientales. Y ahí también está metido Morales.
