El clima es cíclico así que, con cambio climático y todo, suele repetirse anualmente, más o menos con las mismas características.
Debido a ello, sorprende que cada inicio de gestión tengamos que repetir más o menos las mismas noticias, con variantes tan solo en el número de víctimas y/o afectados y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos vinculados a desastres naturales.
Un año es el Beni y otro algún municipio de Santa Cruz. En el sur del país, los tres Departamentos están expuestos ya que siempre hay reportes de por lo menos anegamientos en Tarija, Chuquisaca y Potosí. En las capitales de estos dos últimos, las imágenes de calles cubiertas de agua de extremo a extremo se han hecho comunes y, apenas el año pasado, en Sucre se tuvo que lamentar grandes daños por efectos de las lluvias.
Por ello, es reprochable que los municipios vulnerables a los desastres naturales no asuman las medidas necesarias para mitigarlos meses antes de que ocurran. Desde ya, es difícil prever la magnitud que alcanzarán las lluvias, o las sequías, pero lo que sí se sabe es la temporada del año en la que ocurrirán.
Si de lluvias se trata, el ciclo hídrico en nuestro país comienza más o menos en septiembre y se prolonga hasta fines de marzo e incluso inicios de abril. Como consecuencia del cambio climático, varían los tiempos de inicio y finalización.
Al margen de esas variantes, que no hacen sino darles más tiempo a los municipios, todos sabemos que entre fines de un año e inicios del otro tendremos lluvias. Lo que no se sabe es por qué no se toma previsiones en ese sentido. Decir que las autoridades municipales son nuevas ya no funciona, puesto que asumieron en mayo.
Muchos municipios de Santa Cruz, Beni y Pando afrontan anualmente, a inicios de cada gestión, los estragos de las lluvias que anegan viviendas y, eventualmente, destruyen cultivos. Salvo reportes en contrario, sus autoridades no ejecutan proyectos que mitiguen esos efectos como, por ejemplo, la construcción de defensivos o canales de desagüe.
La falta de previsión no es exclusiva de los gobiernos regionales. En 2017, por ejemplo, el Gobierno nacional de entonces intentaba cuidar el agua, a través de una resolución ministerial, cuando ya habían pasado varios desde que se declaró la alerta oficial sobre los cambios en los ciclos hídricos.
Durante el gobierno de Evo Morales apareció el proyecto Mi Agua, al que siguió MI Agua II, que consistía en ejecutar proyectos de dotación de agua potable a los municipios que así lo necesiten. Se ejecutó fundamentalmente en el área dispersa, pero siempre en función a las afinidades políticas con los gobiernos regionales. Hasta ahora se desconoce cuánto se invirtió en total, y cuáles fueron sus efectos. Lo que sí se sabe es que, cuando caen las lluvias, los municipios no están listos para afrontar sus consecuencias.
Ahora que las lluvias están cayendo en niveles superiores a los esperados, las autoridades municipales de La Paz, Sucre y Potosí anunciaron que su provisión de agua está garantizada. En la Villa Imperial incluso existe el riesgo de rebalses en sus diques de aprovisionamiento.
Los desbordes de calles, que se convierten en ríos, y los anegamientos siguen siendo moneda corriente porque, lamentablemente, la mayoría de las autoridades elegidas en los municipios son solo elementos políticos cuya labor se circunscribe más al interés de sus respectivos partidos que a las sociedades que los eligieron.
Los elementos técnicos son los menos. La mayoría de estos forman parte de las respectivas secretarías pero siempre con visión política. No se nombra a los mejores sino a los que participaron en las campañas.
Por eso somos tan vulnerables.
