Mientras el planeta no sale del asombro por el errático comportamiento del covid-19, ahora con la variante ómicrom —que contagia mucho, pero con menor incidencia en las internaciones hospitalarias o en los casos más graves de la enfermedad—, nuestro país se debate entre las decisiones de autoridades y representantes de instituciones y organizaciones sociales a favor de la salud y el empecinamiento de reducidos grupos de personas que están en contra de la vacunación contra el coronavirus.
Frente a la alerta desatada por el constante incremento de contagios, los Comités de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), asumiendo la responsabilidad de cada jurisdicción local, están tomando medidas de prevención para contrarrestar el avance de la pandemia, pero no todos han reaccionado a su debido tiempo y, además, varios están siendo criticados por sus determinaciones.
En primer lugar, siempre es bueno recordar que nunca nadie con sus actos puede contentar a todo el mundo. Por otro lado, a la hora de evaluar las decisiones de cada COEM, lo recomendable es comparar las medidas adoptadas en otros municipios del país.
El martes, en Potosí, se definió que la circulación del transporte, de lunes a domingo, sea hasta las 23:00; en el caso de los buses, con un aforo máximo del 70%. Los locales, dentro de la actividad económica potosina, pueden abrir sus puertas hasta las 22:00. Karaokes, discotecas, quintas y similares tienen permitido recibir clientes, previa presentación del certificado de vacunas, hasta el 50% de su capacidad. Si hubiera personas en estado de ebriedad, se arriesgan a sanciones y clausuras. Esas son las disposiciones más importantes en la Villa Imperial. En cuanto a Sucre, ayer mismo se tomó la decisión de que la circulación está permitida, todos los días, hasta las 24:00 y quedan suspendidas las actividades precarnavaleras, incluidas las salidas a las calles en comparsas o grupos de personas.
Para ingresar a las entidades bancarias, instituciones públicas y privadas, los interesados deberán presentar carnet de vacunado en el marco de una ley municipal denominada “Por la Salud Pública e Interés Colectivo ‘Me vacuno por ti’”.
En Sucre, es de suma importancia la determinación de priorizar la contratación de personal médico para la atención de pacientes covid-19 en los diferentes hospitales y centros de salud de primer, segundo y tercer nivel, tanto en las competencias municipales como departamentales, sobre todo después de la grave situación que se ha venido dando a partir de la crisis, ¡en plena cuarta ola de la pandemia!, por la reducción de contratos.
La lucha contra el coronavirus se torna cuesta arriba con los acostumbrados problemas de falta de planificación en Bolivia. Más aún si les sumamos la sempiterna precariedad del sistema nacional de salud y, ahora, la obcecación de los grupos antivacunas que, al menos en el caso de Sucre, aunque en un número reducido, se movilizan cada día con mensajes contrarios, tanto a las campañas nacionales relacionadas con una inmunización general como a las medidas legales vinculadas a la exigencia de carnet de vacunación. A todo esto, el Comité Cívico de El Alto convocó a un paro nacional y bloqueo general en demanda de la abrogación de los decretos 4060 y 4061, que establecen el requisito de carnet de vacunación anticovid o la prueba PCR negativa para ingresar a entidades con aglomeración. De no creer.
A propósito, la justicia ha vuelto a declarar improcedentes acciones interpuestas contra esos decretos.
