El flamante presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, se estrenó ayer apareciendo junto a su par del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, en una conferencia de prensa en la que se hizo notar un síntoma de la descomposición de una sociedad que encuentra en las redes sociales un amplificador de criterios muy peligrosos como el denunciado por ambas autoridades: las amenazas y amedrentamientos que sufren los jueces de Bolivia.
Los administradores de justicia se han quejado a sus autoridades porque sus fotografías y las de sus familias aparecen en las redes en circunstancias que solo pueden ser calificadas de difamación. Los atacan, los acusan de corrupción o de la comisión de delitos echando sombras de duda sobre ellos para que sus fallos no sean vistos como justos. En otros casos —los menos— los amenazan con la intención de atemorizarlos y de que el miedo influya en sus decisiones.
Como es de público conocimiento, el Órgano Judicial de Bolivia está sumamente desprestigiado por su alto grado de politización; sin embargo, eso no justifica que se desarrollen ataques en su contra que tienen el agravante de la cobardía. En el marco del derecho a la libertad de expresión, cualquier persona puede quejarse respecto al mal funcionamiento de alguna dependencia estatal, como es la administración de justicia, pero, para hacerlo, debe identificarse plenamente y no cometer delitos. Cuando se trata de las redes sociales, la mayoría de estas permite el anonimato, sin importarles demasiado (parece) que se cometan delitos.
En Potosí, durante esta semana ha surgido una situación de conflicto motivado también por las redes sociales. La vicepresidenta del Concejo Municipal, Mirtha Guzmán, ha anunciado que iniciará un proceso en contra del alcalde, Jhonny Llally, a quien acusa de promover un acoso político en su contra a través de internet. En este caso, la autoridad no solo ha identificado a la red social, Facebook, sino hasta a las páginas en las cuales ha sido afectada en su honor con ataques contra su honra y la de su familia.
Y es necesario mencionar a Facebook porque es en esta red, precisamente, que se cometen difamación y otros delitos con la más amplia y completa impunidad. Lo que ocurre es que en esa plataforma es posible crear cualquier cantidad de cuentas falsas sin ningún tipo de control, y, por lo tanto, toda persona o grupos de personas pueden usarlas para cometer delitos con la seguridad de que no serán descubiertas.
El papel de Facebook en países como Myanmar, donde la violencia por razones religiosas ha llegado al nivel de genocidios, es tan cuestionable que forma parte de un informe de 444 páginas de Naciones Unidas. Ante los cuestionamientos por su responsabilidad en esos hechos, la empresa de Mark Zuckerberg ha respondido que sus controles tampoco pueden llegar al nivel de detectar quiénes son los que crean las cuentas falsas.
Pero las revelaciones de la exempleada Frances Haugen han sumado un elemento clave a la polémica: Facebook está consciente de la violencia que se reproduce en la plataforma, pero no la anula porque le reporta más vistas y permanencia que aprovecha para vender espacios de publicidad.
Violencia, mensajes de odio, ataques y polémica atraen a una gran cantidad de público y la permanencia en una plataforma puede medirse. La gente se queda en una cuando percibe que hay conflicto y, ese es el espacio que se puede vender. Eso quiere decir que, aunque lo haya negado, hay redes sociales que no limita el odio, lo permiten y, al hacerlo, lo están incentivando por la más egoísta de las razones: porque les genera ganancias.
