Uno de los escándalos que hizo tambalear al gobierno de Jaime Paz Zamora fue el de los vínculos de altos dirigentes del partido del presidente, el MIR, con connotados narcotraficantes. Cuando las evidencias hacían imposible negar esa situación, el entonces presidente acuñó una frase para capear el temporal: “fueron errores, no delitos”. Y quienes vivieron en aquellos años saben que, en realidad, eran delitos, y no errores.
Para minimizar los efectos de la comisión de un delito, los políticos suelen hablar de errores y eso es lo que está pasando, actualmente, en la Gobernación de Potosí en el caso que ha sido denominado de las “ambulancias fantasmas”.
Como es de conocimiento general, este caso se convirtió en un escándalo por que se detectó por lo menos cuatro irregularidades en el proceso de compra de 41 ambulancias que esa Gobernación pretendía adquirir para entregar a los gobiernos municipales de Potosí, en el marco de la lucha contra el covid-19.
La primera irregularidad es que la Gobernación eligió a una empresa que se había creado apenas días antes de que comience el proceso de compra, la segunda es que el capital de operaciones de esa empresa es de Bs 100.000 (que apenas alcanzaba para la cuarta parte del valor de una sola ambulancia), y el precio aceptado era superior en dos y tres millones de bolivianos al cotizado por otras dos empresas automotrices con décadas de trayectoria en el país. Finalmente, el cuarto hecho irregular es que la Gobernación de Potosí firmó un acta de recepción de las vagonetas el 31 de diciembre, aunque ni ese día ni nunca llegaron los vehículos al país.
En una entrevista concedida ayer al diario El Potosí, el gobernador Jhonny Mamani rechazó que esos hechos sean irregulares y afirmó que toda la documentación de la empresa es legal, así que no había razones para no adjudicarle el contrato. Solo admitió que fue un error subir el acta de recepción al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y llenar el formulario 500, que es como una declaración jurada de que los bienes adquiridos fueron recibidos. Señaló que esas y otras observaciones son errores administrativos subsanables, pero, pese a ello, anunció que el contrato con la empresa adjudicataria se rescindiría y la boleta de garantía sería ejecutada.
¿En qué cambia las cosas la rescisión del contrato? Lo que se puede ver, a las claras, es que el gobernador Mamani está tomando distancia del asunto y, por el contrario, aparece como el denunciante de las irregularidades ante instancias como el Viceministerio de Transparencia, el Ministerio Público y la Contraloría. La lógica es que él está pidiendo la investigación para demostrar que nada tiene que ver con las posibles ilegalidades que se vaya a evidenciar.
Sin embargo, así sea completamente inocente de las cosas que se le acusa, el Gobernador es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y en esa condición debe responder ante cualquier irregularidad que surja de los contratos. Esto se establece con claridad en el Decreto Supremo 181 referido a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS).
El artículo 32 de esa norma señala que “la MAE de cada entidad pública es responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión…” mientras que el 68 dice que “la MAE de la entidad es responsable de las contrataciones por desastres y/o emergencias”, como es la pandemia que habría motivado la compra de las ambulancias.
Así que, por más que se esfuerce, el Gobernador no podrá librarse de responder por las irregularidades apuntadas, y otras, porque El Potosí también encontró que, pese a las observaciones, la empresa cuestionada se adjudicó otros tres contratos.
