El 3 de diciembre de 2017 se realizaron las últimas elecciones judiciales en Bolivia. Además de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental, se eligió a los integrantes del Consejo de la Magistratura.
Debido a las modificaciones a la norma, no se eligió a cinco titulares para la magistratura, sino solo a tres. En virtud a los resultados, los elegidos fueron Dolka Vanessa Gómez Espada, que recibió 233.910 votos (el 13,21%); Gonzalo Alcón Aliaga, 231.371 (13,07%) y Omar Michel Durán, 201.923 (11,41%). Los siguientes, Marvin Arsenio Molina Casanova y Mirtha Gaby Meneses Gómez, que habrían ingresado con la anterior norma, debieron contentarse con ser suplentes, sin sueldo ni autoridad.
Durante el tiempo que ejercieron funciones, Gómez y Alcón fueron acusados de distintas irregularidades pero, finalmente, fueron procesados por incompatibilidad funcionaria en razón de parentesco; es decir, aquello a lo que comúnmente se llama nepotismo. El proceso fue largo y tedioso, puesto que los procesados recurrieron las resoluciones que salieron en su contra y confirmaron el nepotismo. Se verificó que el esposo de Gómez es juez de Trabajo en Santa Cruz y que el hermano de Alcón era juez del Distrito Judicial de La Paz. Pese a esos vínculos familiares directos, los cuatro funcionarios estuvieron trabajando con absoluta normalidad durante más de tres años, hasta que se iniciaron los procesos.
Una primera resolución del Tribunal Constitucional, la número 150/2021, encontró justificada la demanda y ordenó la cesación de funciones, pero los consejeros apelaron y eso permitió que continuaran en funciones algún tiempo más. Al final, el 28 de julio de 2021, la Sala Constitucional Segunda de La Paz confirmó la primera resolución y dispuso la exoneración de los funcionarios que, sin embargo, no dejaron sus cargos de inmediato.
Durante el tiempo que permanecieron en funciones, se encargaron de hacer desaparecer las evidencias de su paso por el Consejo de la Magistratura, especialmente en los procesos que estuvieron a su cargo. Cuando asumieron los suplentes, Molina y Meneses, se encontraron con un panorama inaudito: entre 150 y 200 expedientes de procesos disciplinarios contra jueces y personal de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial habían desaparecido.
Se trataba de documentos de procesos de 2018, 2019, 2020 y 2021 y que debían ser resueltos en un plazo de cinco días a un máximo de un mes. La consejera Meneses explicaba que esos expedientes habían ingresado al Consejo con recursos jerárquicos, pero no salieron las resoluciones, por lo que se entiende que estaban a cargo de los exconsejeros Alcón y Gómez.
Posteriormente, los expedientes fueron repuestos, pero no en su totalidad. Aunque Alcón y Gómez insistían en volver, el Tribunal Supremo Electoral determinó reconocer la titularidad de Molina y Meneses y les entregó sus credenciales.
Fue en esas circunstancias que estalló el caso del denominado “psicópata sexual”, Richard Choque Flores, un feminicida que había sido beneficiado con detención domiciliaria pese a tener sentencia condenatoria de 30 años de presidio sin derecho a indulto. El juez que le permitió volver a su casa —sin custodia— y cometer nuevos asesinatos fue Rafael Alcón Aliaga, hermano del exconsejero Gonzalo Alcón, el mismo que fue acusado de varias irregularidades.
No se trata, entonces, de un caso aislado. Lo sucedido con Choque es apenas una muestra de que el Órgano Judicial ha caído a los niveles más bajos de su historia y su conformación mediante el voto popular es una de las mayores razones, puesto que permitió su politización.
