En 1899, el Partido Conservador, después de haber gobernado desde 1884, fue derrocado por acción del Partido Liberal. Los rebeldes convocaron a una Asamblea Constituyente que eligió a las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Estos últimos designaron a integrantes del Poder Judicial ratificando a la mayor parte de los magistrados posesionados dos años antes. Señal de respeto a su independencia..

Los ministros de esa Corte Suprema ejercieron funciones durante diez años desde 1899 hasta 1909. Esa fue la primera vez en la historia del Poder Judicial que hubo cumplimiento de la regla constitucional que estableció ese lapso para la duración en esos cargos después de la supresión del período vitalicio.

Los designados entonces para reemplazo de los anteriores, estuvieron igualmente en esa situación durante diez años. Ese mismo año 1919, el Poder Legislativo procedió a la designación de nuevos magistrados de la Corte Suprema como en 1899.

En 1920 repitiendo los acontecimientos de 1899 en que los Conservadores fueron derrocados por los Liberales, éstos a su vez fueron derribados por los políticos del Partido Republicano, los cuáles destituyeron por decreto a los magistrados del Poder Judicial elegidos en 1919. La mayor parte de ellos fue ratificada por el Congreso en 1921.

En 1931 se cumplieron los diez años de gestión de los magistrados elegidos en 1921, Un año antes de que concluya esa gestión cayó derrocado por un golpe de Estado el presidente Hernando Siles. La Junta de Gobierno que lo reemplazó por acuerdo político y decisión del Ejército, convocó a elecciones para renovación de los poderes públicos.

Ese mismo año, 1931, los legisladores designaron nuevos ministros de la Corte Suprema. En 1936, un sector del Ejército desplazó al presidente José Luis Tejada Sorzano y lo sustituyó por una Junta Militar que por decreto nombró nuevos ministros de la Corte Suprema. Después de los treinta años de cumplimiento del término de diez años fijado para ejercicio de la alta magistratura en el Poder Judicial, no se respetó esa regla en el restante transcurso del siglo XX hasta su finalización.

En 1941, cuando el tercer gobernante representante del Ejército nacional convocó a elecciones generales para ambos órganos, el Poder Legislativo designó a nuevos ministros de la Corte Suprema, quienes fueron destituidos de sus funciones en 1943 por un golpe de Estado que derrocó al presidente Enrique Peñaranda.