Si de algo está sirviendo el abyecto caso del asesino serial liberado por un juez es para destapar, de la manera más cruel, el estado de la justicia en Bolivia, al punto de que el ministro del área, Iván Lima, acaba de denunciar la existencia de una red de corrupción que involucra a jueces y fiscales.
Para el titular del Ministerio de Justicia, esta es la ratificación de lo necesaria que es una cumbre para la reforma judicial. Habrá que recordar que 2021 transcurrió sin ningún avance en la anunciada reforma; por el contrario, su administración —que es política, parcializada y dependiente del poder político— se agravó aún más, al punto de que ahora mismo la primera expresión que viene a la mente, cuando se menciona “justicia boliviana”, es “persecución política”.
A fines del año pasado, Lima anunció la cumbre para marzo de 2022; hasta ahora no se conoce cuál será la agenda ni quiénes serán convocados a ella.
Lo más probable, siguiendo el antecedente de una anterior “cumbre” en la que solo participaron movimientos sociales afines al MAS, es que nuevamente sea un monólogo del Ejecutivo seguido por un coro de sectores aliados, que lo que intentarán es ajustar todavía más el sistema para procesar judicialmente a quienes no piensan igual.
La demanda popular por cambiar la justicia que, para los opositores y ciudadanos que no comulgan con la ideología y las acciones política del MAS, es sinónimo de persecución política y, para los ciudadanos comunes, sinónimo de corrupción, injusticia, lentitud y burocracia, no parece que vaya a tener el eco esperado.
Hay que recordar una vez más que, al inicio de su gestión, Lima planteó una reforma judicial y organizó un consejo consultivo, pero pocos días después el Gobierno lo desautorizó, el consejo se disolvió y el Ministro pasó de impulsor de la reforma a principal verdugo que emprendió una cacería judicial de opositores con ayuda de las instituciones de la justicia y el Ministerio Público.
Como alternativa a ese primer fracaso, Lima planteó una agenda de seis puntos para hacer la reforma judicial —que no fue socializada con los actores que correspondía, sino otra vez con los movimientos afines al MAS, la misma que no resuelve los problemas de fondo.
En su informe mundial de 2021, la respetable organización internacional Human Rights Watch (HRW), que vigila el cumplimiento o violación de los derechos humanos en los países, dijo que en Bolivia la justicia “sufre efectos de la interferencia política desde hace años”
César Muñoz, investigador de HRW en América Latina, hizo mención a que, por ejemplo, la definición de “terrorismo” en el derecho penal boliviano es excesivamente amplia y contraviene estándares internacionales, lo que permite utilizar la figura para castigar como delitos acciones que están protegidas por la libertad de expresión y de asociación.
A la vez, esa concepción de “terrorismo” le permite al Gobierno también castigar desproporcionadamente acciones que distan mucho de lo que se considera un acto terrorista según los estándares internacionales, apuntaba el especialista.
En esas condiciones surge la pregunta: ¿Tiene realmente el gobierno de Luis Arce interés en reformar una justicia que, así como está, le resulta favorable? O, como suele ocurrir en el país, ¿se utilizará ese clamor por cambiar la justicia para ponerla aún más al servicio del poder de turno y convertirla en el aliado perfecto de un proyecto partidario?
