Básicamente, un juez es aquella “persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar”. Su potestad deviene del Poder Judicial, al que representa, y, a su vez, tiene la tarea de administrar justicia en una nación o Estado. Su autoridad se origina en la legalidad de su nombramiento y en la legitimidad con la que ejerce el cargo. Ambas, legalidad y legitimidad, apuntan hacia otras dos condiciones imprescindibles para todo juzgador: prestigio y crédito. Basta decir que, por su condición de administrador de justicia, un juez es una persona que debe observar una conducta rectilínea por cuanto su prestigio se constituye en algo fundamental para el desempeño de su cargo.
Con relación al magistrado, el Diccionario Jurídico lo define inicialmente como “superior en el orden civil”, mientras que el de la lengua castellana señala que es el “miembro de la carrera judicial con categoría superior a la del juez”. Por lo apuntado, sobra señalar que, si el juez debe reunir ciertas características de moralidad y representatividad, esa obligación es todavía mayor para un magistrado. Lamentablemente, en el Órgano Judicial de Bolivia existieron y existen elementos que no toman en cuenta las características antes descritas. Hubo, por ejemplo, un presidente del Tribunal Supremo de Justicia que elogió directa y expresamente a Evo Morales cuando este era presidente, con lo que puso en entredicho la independencia y majestad de la que debe gozar un poder judicial. Posteriormente, ese magistrado fue embajador en Panamá.
Otro deplorable ejemplo del sometimiento del Órgano Judicial al partido en función de gobierno es la actuación de aquel vergonzoso Tribunal Constitucional que dictaminó que la reelección indefinida era un derecho humano. Ya después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció señalando que las reelecciones no son el derecho de nadie y le dio la razón a la gente que protestó cuando Morales intentó reelegirse con tal maniobra. Sin embargo, aquellos magistrados recibieron después, en pago, sendos nombramientos dispuestos, seguramente, por la persona a la que beneficiaron. Si seguimos repasando los casos de injusticia que han escandalizado al país, como el del médico Jhiery Fernández, no tendríamos cuándo acabar…
Ahora se ha agregado un caso que provoca indignación porque la mala decisión de un juez fue la causante de la muerte de varias personas.
En 2019, el juez Rafael Alcón cambió la detención preventiva de Richard Choque Flores por la medida de detención domiciliaria, pese a que esta persona estaba acusada de feminicidio. Menos de tres años después, el hombre siguió delinquiendo, captó a 77 mujeres (que se sepan) por las redes sociales y violó a varias de ellas. Se encontraron cadáveres en su domicilio. El agravante de este caso es que el “administrador de justicia” que fue tan condescendiente con el asesino es hermano de Gonzalo Alcón, un exconsejero de la Magistratura que fue procesado y destituido por haber favorecido a sus familiares.
El Consejo de la Magistratura tomó la decisión de intervenir el juzgado de Alcón hasta determinar si el cambio de medidas preventivas para Choque fue determinante en dichos crímenes. Y, además, resolvió la intervención de todos los juzgados de Ejecución Penal en el territorio nacional con el objetivo de fiscalizar y verificar supuestas irregularidades denunciadas por familiares de víctimas de feminicidios y otros delitos.
También el Órgano Ejecutivo asumió medidas instruyendo conformar una Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio
Son buenas señales, por un lado, en vista de que el prestigio del Judicial ha caído tanto que ya no tiene más niveles a los cuales descender. Por el otro, para que el Gobierno encamine sus actos definitivamente con la autonomía necesaria, lejos de las presiones que imperan al interior de su partido.
