En tiempos de los regímenes liberales y republicanos, después de posiciones de credo socialista que actuaron durante los gobiernos militares, surgieron igualmente otras tendencias calificadas como fascistas, nacionalistas y comunistas.
También incursionó en la acción política un grupo de militares jóvenes de grados inferiores al de coronel, quienes en alianza con la corriente denominada nacionalista derrocaron en 1943 al gobierno presidido por Enrique Peñaranda. Los nuevos integrantes del Poder Ejecutivo hicieron saber al Poder Judicial que éste se mantendría incólume.
Tal decisión no duró mucho, pues en 1944 convocaron a elecciones para renovar el Poder Legislativo, cuyos integrantes, desconociendo el derecho de los ministros de la Corte Suprema elegidos en 1941 para ejercicio de sus funciones por el período legal de diez años, los reemplazaron por otros. Ese gobierno fue derrocado en julio de 1946 por salvajes rebeldes que, arguyendo castigo por ejecución de políticos adversos a ese régimen, asesinaron al teniente coronel Gualberto Villarroel, presidente de la República.
Quienes se hicieron cargo del mando supremo convocaron a elecciones para renovación de los poderes públicos, ocasión en la cual, el año 1947, retornó a la función de gobierno el Partido Republicano que, después de haberse escindido en 1920 en dos ramas, señaladas una como “genuina” y otra como “socialista”, se rebautizó como “Partido de la Unión Republicana Socialista”.
El nuevo gobernante, Enrique Hertzog, repitiendo la ilegal decisión de David Toro en 1936, nombró por decreto en 1947 a los ministros del Poder Judicial. Un año después, el Poder Legislativo designó a sus reemplazantes. Al término del período constitucional, ese gobierno de republicanos unidos convocó a elecciones generales, pero, ante el resultado contrario a su visión política, entregó el poder a una Junta de Gobierno conformada por las Fuerzas Armadas.
El partido político nacionalista, que obtuvo el mayor número de votos en el acto electoral, aunque sin el requerido para promoción inmediata, derrocó al gobierno militar en abril de 1952 mediante cruento enfrentamiento que debilitó por muchos años a las Fuerzas Armadas de la Nación.
El nuevo gobernante designó, por decreto de agosto de ese año, a los nuevos ministros de la Corte Suprema, con la siguiente decisión: “El Tribunal Supremo, así constituido, procederá de inmediato a la provisión de los Tribunales y Jueces inferiores, con los requisitos del caso, debiendo elevar las correspondientes ternas para la integración de las Cortes de Distrito al Poder Ejecutivo”.
