La cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz, está en el ojo de la tormenta por denuncias de irregularidades. Pero, ya lo sabemos todos: no es solamente ese centro penitenciario, sino todo el sistema judicial, incluyendo al accionar del Ministerio Público y al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y no de ahora, de hace mucho tiempo. Un sistema podrido del que sale pus por donde se toque.
Una activista del feminismo ha descubierto que una red extorsiva, liderada por feminicidas y violadores, controla la cárcel paceña y, en concreto, ha denunciado que Richard Choque Flores tenía privilegios al ser uno de los delegados del penal. Lo que ocurre al interior de ese lugar traen a la memoria otras infracciones a la ley, de hace al menos una década, relacionadas con el tráfico de drogas.
Todo esto vino pasando a vista y paciencia de los distintos órganos del Estado, con la principal responsabilidad en el Judicial y en el Ejecutivo. Resulta increíble, totalmente imposible, pensar en que no supieran del accionar de jueces en concomitancia con fiscales y abogados, en lo que se cree es un nuevo escándalo de “consorcios”, es decir, bandas organizadas de delincuentes que, dentro y fuera de la cárcel, contaron —¿y aún cuentan?— con la complicidad de altas autoridades.
Un verdadero escándalo que se suma a la novela de las últimas semanas: exautoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) vinculadas, precisamente, con el mundillo de la droga, al que debían combatir. Nunca actuaron solas, sino con el beneplácito del poder de turno y este, vaya casualidad, ligado a productores de coca que inescrupulosamente lucran con la adicción y la muerte.
Ahora, las autoridades que no debieron esperar a la aparición de un sanguinario como Choque Flores, autor de horrendos crímenes, se muestran firmes ante las cámaras para anunciar la conformación de comisiones investigadoras. Ahora que el luto y el dolor de familias bolivianas se torna irreparable. Ahora que la sociedad entera termina de comprender que la “justicia” reacciona tarde, siempre tarde, y nadie tiene certeza de que vaya a llegar en algún momento.
Es el estado de cosas en un país como el nuestro, donde las instituciones están perforadas por la corrupción y los cargos públicos ocupados por méritos que se reúnen en campañas políticas, no en puntajes académicos ni en carreras profesionales. Todos sabemos que ninguna convocatoria para puestos en los órganos del Estado es completamente transparente y que más vale el carnet del partido o el relacionamiento político que cualquier documento universitario o currículum de probada experiencia.
Los consorcios de jueces, fiscales y abogados desprestigian, aún más, a un sistema judicial depauperado, sin ninguna otra posibilidad de rehabilitación que no sea la de una profunda reforma. Y esta no llegará si es encabezada por una de las causas de esta incontrovertible decadencia: el Órgano Ejecutivo. De entrada, carece de toda legitimidad cualquier convocatoria para ese fin que surja del Gobierno.
La sociedad civil, con organizaciones e instituciones todavía creíbles como las facultades de Derecho, debe tomar las riendas del proceso de reconducción de la justicia nacional, como última esperanza para el salvataje del sistema, en el que ya nadie confía y no hay peor escenario en democracia que la incredulidad y la desesperanza de la población.
Si les queda un mínimo de decencia, los políticos del oficialismo y de la oposición tienen que sentar las bases para la reforma judicial y delegar, acto seguido, tan necesario proceso a la sociedad civil debidamente representada en instituciones y organizaciones probas, justas y creíbles.
Vivimos días decisivos para el futuro del país. Este paso no puede esperar más. El grado de deterioro de la justicia es tal que la urgencia llama: no es posible seguir prolongando esta sensación de desconfianza en todo actuado de jueces y fiscales.
