A dos semanas del escándalo por la liberación de un asesino condena[1]do, el Gobierno aún no atina a dar una respuesta más de fondo: Se ha “creado” una “Comisión de investigación” de los feminicidios impunes; se estableció que al menos otros siete condenados habrían sido liberados por el juez Alcón; se ha anunciado la “evaluación de desempeño” de los 1.138 jueces ordinarios para una “renovación total”; se ha reiterado que se está trabajando con expertos internacionales y, para rematar, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha afirmado que este marzo se realizará su “cumbre”, pero que no hay tiempo para hacer una reforma parcial de la Constitución. Desmenucemos algo de este andar gubernamental errático, en medio del hastío ciudadano con la tragedia judicial:
1. La “Comisión de investigación”, como ya dije, es la misma que se creó en enero de 2017 para el “seguimiento” de la “cumbre judicial” de 2016. Esa “cumbre”, como la primera de 2012, arrojó decenas de conclusiones de las cuales ninguna fue implementada, por la inutilidad de la “Comisión de seguimiento” y por la ausencia de voluntad gubernamental de efectuar cambios verdaderos. Por lo demás, una comisión frondosa, burocrática, sin participación social alguna y, peor, sin lineamientos ni objetivos básicos, difícilmente arrojará resultados en 120 días.
2. No está mal que después de 11 años de elección por voto de magistrados y consejeros, estos se hayan puesto de acuerdo en realizar una “evaluación de desempeño” a todos los jueces del país que, según Lima —ahora vocero del Órgano Judicial—, será el paso previo a la “renovación total” de los operadores de justicia. Más allá de esa oficiosa vocería, según la Constitución Política del Estado y la Ley 025, sólo le corresponde esa evaluación al Consejo de la Magistratura, pero suponemos que el auxilio del Tribunal Supremo tiene que ver con la nefasta experiencia que dejó el expresidente de ese Consejo, el señor Gonzalo Alcón que, en lugar de evaluar el desempeño profesional de los jueces, garantizó la impunidad del desempeño delictivo de su hermano Rafael, que liberó al asesino y desató el escándalo.
3. Los nuevos consejeros de la magistra[1]tura no apellidan Alcón, pero vienen de las mismas listas partidarias del MAS de 2017, donde no se evaluaron méritos ni idoneidades profesionales, sino afinidades partidarias mediocres que hoy le estallan en la cara al Gobierno. ¿Quién evaluará a quién? Pero, además, ¿quién evaluará a los jueces supremos? O para decirlo claro: ¿quién evaluará el desempeño de la cúpula judicial que en 2017 fabricó una sentencia constitucional que violó la Constitución habilitando a Evo Morales como candidato; que el año 2021 hizo desaparecer otra sentencia que eliminaba los juicios en ausencia; que propició, también en 2021, el extravío de 130 expedientes disciplinarios, mientras los cargos se vendían?
4. Es siempre saludable el acompañamiento o la veeduría de expertos internacionales, pe[1]ro ellos no salvarán las ineptitudes nuestras, peor si tenemos gobiernos sordos a sus recomendaciones, cómo ocurrió con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que, en vano, urgió la reforma judicial para acabar con la dependencia judicial, la persecución política y la impunidad en el país.
También el anterior gobierno del MAS buscó el celofán internacional para empaquetar su extravío con respecto a la reforma. El ministro Héctor Arce Zaconeta, en abril de 2017, presentó a un grupo internacional de “alto nivel” donde estaban Zaffaroni, Binder y Viciano y sin embargo el extravío continúo: en diciembre de ese mismo año se volvió a elegir “supremos” entre los simpatizantes del Gobierno. Otra vez, en la cúspide judicial, se instaló la mediocridad, la ineficiencia y la obediencia de otros “Alcones”, que hoy siguen en funciones y que dicen que “evaluarán el des[1]empeño” con otros expertos internacionales.
5. Estamos a un mes y medio de la “cumbre judicial” anunciada, en enero, por el presidente Luis Arce “con la participación de todos los actores sociales” y no tenemos siquiera la convocatoria, los participantes ni el temario. Y no podemos sino recordar la anterior “cumbre” de 2016, convocada por Evo, dirigida por Álvaro García Linera y donde 1.500 delegados de los movimientos sociales y funcionarios gubernamentales arribaron a un centenar de conclusiones que nunca se siguieron ni cumplieron y, borrón y cuenta nueva, ahora el Gobierno se prepara para su tercera cumbre…
Para eso sí hay tiempo, pero no hay ninguno, según Lima, para la reforma judicial verdadera vía referendo ciudadano, para cambiar parcialmente la Constitución y al menos lograr idoneidad e independencia modificando la selección y elección de jueces; presupuesto mínimo del 3 por ciento y revalorización de la justicia indígena, institucionalizando la justicia de paz.
