La situación actual de la minería en Bolivia

La legislación minera boliviana vigente desde 1967 fue modificada ligeramente en 1991. En 1997, para promover inversiones privadas en el sector, se promulgó un nuevo Código Minero. En 2014, el MAS abrogó ese código promulgando la ley 535, que modificó en el fondo la legislación minera: sustituyó las concesiones mineras, generadoras de derechos a plazo indeterminado, cuya vigencia estaba condicionada al pago de las patentes, por los contratos mineros; mientras para la obtención de las concesiones el órgano competente eran las Superintendencias de Minas, ante las que se realizaba el trámite correspondiente, de naturaleza administrativa, la Ley 535 mantiene a esa instancia con otro nombre –Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)–, y otorga competencias en esta materia al Viceministerio de Minería, a Sergeomin y al Legislativo, distorsionando la naturaleza administrativa de dicho trámite, convertido  en un trámite de índole política. Además, se exige al interesado la presentación de un plan de inversiones. 

Los sectores mineros legalmente reconocidos son tres: estatal, privado y cooperativo. El primero solo tiene operaciones en Huanuni, Colquiri y Corocoro; en este último caso, explotando cobre. Ninguna de ellas es de gran envergadura o exitosa. Si bien la propaganda gubernamental ha presentado la operación de Corocoro como grande, en realidad es “de alasitas”, lo que se demuestra comparando el volumen de su producción (3600 tn), frente a operaciones chilenas que producen 1.200.000 tn. 

El sector privado se ha ido reduciendo ostensiblemente. La más grande operación es la de Minera San Cristóbal (MSC), ocupando el sexto lugar en el mundo en producción de plata, zinc y otros. Le sigue lSinchi Huayra, respecto de la cual hace pocos días se ha conocido que su principal socia, la norteamericana Glencore, ha vendido sus acciones a otra, canadiense, probablemente por considerar que no existe seguridad jurídica en el país. Finalmente, está la operación de San Vicente, a cargo de la Panamerican Silver Co. 

Finalmente, el sector cooperativo ha alcanzado una dimensión alarmante, todo como resultado de las facilidades que les otorga la ley; entre ellas: los requisitos para la constitución de las cooperativas (10 socios es suficiente), su catalogación como “operaciones marginales” beneficiadas en consecuencia con la exención del pago del impuesto a las utilidades y la reducción del pago de regalías del 7 al 2,5%. La situación actual muestra los siguientes rasgos:

- Un aproximado de 140.000 cooperativistas organizados informal e ilegalmente. En el primer caso, operan con alguna base legal; en el segundo, no. Si se multiplica ese número por los miembros de las familias de cada cooperativista en edad de votar, se aprecia la importancia que tienen desde el punto de vista político, lo que se refleja en su presencia notoria en todos los niveles legislativos municipales, departamentales y nacionales; lo que deriva en la dificultad, si no imposibilidad, de una regulación jurídica y una fiscalización de la minería, en función de los intereses del país.  

- Predomina la explotación del oro que está siendo producido en enormes cantidades. En 2020, año impactado por la pandemia , la producción minera total alcanzó un valor de tres mil millones de dólares: un tercio corresponde al oro.

- Operan con capitales chinos y rusos.

- Lo hacen en los ríos con dragas enormes y contaminando las aguas con mercurio; también mediante terrazas y minería subterránea. 

Los efectos de esta realidad son graves, como demuestra un estudio reciente sobre la minería ilegal del oro que revela en el caso de Apolobamba el salvajismo que caracteriza las operaciones, provocando enormes daños ambientales. 

No se ve salida a esta situación, peor cuando se constata que al Gobierno no le interesa una minería de calidad.

Las operaciones cooperativistas no solo están generando pasivos ambientales; también pasivos sociales y culturales porque se realizan agrediendo formas de vida tradicionales. 

Panorama altamente preocupante porque el saqueo de recursos minerales beneficia intereses particulares y depreda el medio ambiente. Desolador.

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