Si hay un problema serio en la economía boliviana y en el que el Gobierno nacional prefiere taparse los ojos, los oídos y la boca, como el emoji del monito de WhatsApp, ese es el contrabando: Bolivia está viviendo probablemente la era de mayor contrabando de toda su historia por varios factores; entre ellos, la permisividad con sectores de comerciantes que se dedican a ese oficio y el tipo de cambio fijo que favorece la introducción de productos de países vecinos a precios inferiores.
Las industrias de productos de limpieza, alimentos y bebidas son las más golpeadas. Los mercados de las ciudades están saturados de mercancía que ingresó ilegalmente al país. Sus precios son más bajos en comparación con la producción nacional. Para tener una idea de esto, hay que ver que solo en el caso del detergente en polvo se estimó un contrabando superior a los 55 millones de dólares en 2021, lo que representa un tercio del mercado de ese producto.
Por principio económico, el consumidor casi siempre compra el producto más barato, por lo que, a la hora de elegir, preferirá esos bienes importados por contrabando, desplazando así a la producción nacional y las ventas de la industria y las empresas formales que producen en el país, que generan empleo y que pagan impuestos.
Pero, además, el contrabando afecta a los consumidores directamente, porque en muchos casos adquieren productos de dudosa procedencia, o que son manipulados en condiciones insalubres, no llevan certificado de calidad y ponen en riesgo la salud de la población.
La Aduana Nacional afirma que rompió récords de decomisos de mercadería el 2021 al alcanzar una cifra de Bs 625 millones y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando asegura que los contrabandistas se desplazan en caravanas de hasta 40 camiones por pasos ilegales, cuentan con telefonía satelital, comunicación de última generación y armamento de guerra.
Sin embargo, no es la única manera de contrabandear. También hay otros mecanismos como el ingreso de vehículos a través del denominado “mercado gris”, que son los motorizados que ingresan en importaciones paralelas a través de canales de distribución no autorizados por el fabricante. En un reportaje publicado en nuestra revista ECOS, el domingo, hay detalles sobre cómo opera esta vía paralela de importación de vehículos.
En ese mecanismo, comerciantes no autorizados compran bienes de una marca destinados a otros mercados con precios más bajos y los venden en Bolivia en valores más altos; pero, además, los presentan como reacondicionados, con lo cual declaran un valor menor y, por tanto, también pagan impuestos bastante inferiores frente al 46% que pagan las importadoras autorizadas.
El millonario negocio de importación de vehículos en el “mercado gris” provoca al Estado pérdidas de alrededor de 20 millones de dólares al año por evasión de tributos aduaneros e impuestos.
El otro factor que alienta al contrabando es el tipo de cambio apreciado de la moneda nacional frente al dólar, que se mantiene fijo desde hace más de una década, mientras todos los países vecinos han devaluado sus monedas en varias ocasiones durante esos mismos años.
El contrabando es un problema serio que no parece preocupar demasiado al Gobierno. Enfrentarlo es enfrentar a poderosos grupos económicos organizados y armados –varios de ellos aliados políticos del actual partido gobernante, o militantes, como es el caso del Gobernador de Potosí, principal responsable de la compra de ese tipo de vehículos con recursos fiscales–. Sin embargo, enfrentarlos es imperioso porque de ello dependerá la subsistencia de la industria nacional y su capacidad de mover la economía, generar riqueza y empleo digno para los bolivianos.
