El Censo de Población y Vivienda 2022 ha sido confirmado para un día y una fecha exactamente como hoy, pero de noviembre. En consonancia con lo definido el 21 de julio del año pasado en el Decreto Supremo 4546, será el miércoles 16 de ese mes en todo el país. Quiere decir que faltan ocho meses para su realización.
Mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) anunciaba que la próxima semana comenzará la etapa de actualización cartográfica, se conocían las primeras reacciones a la noticia que, por varias razones, es esperada más por unos departamentos y municipios que por otros.
Una de esas reacciones fue la del presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y actual alcalde de Sucre, Enrique Leaño, quien planteó este martes postergar el registro general de personas.
“No creemos que sea conveniente todavía hacer este Censo sin previo análisis sobre qué factores o variables deberíamos incorporar en este tipo de situación y no solamente valernos del número de población, que es muy importante, por supuesto. Pero hay que tomar otros índices. Por eso es que creemos que el Censo no debería llevarse todavía adelante hasta que podamos consensuar las variables. Caso contrario, va a ser totalmente perjudicial para la mayoría de los municipios y beneficioso para unos cuantos municipios que sabemos que están impulsando este Censo a como dé lugar, en desmedro de los municipios que no hemos desarrollado”, dijo Leaño.
A diferencia de lo que ha ocurrido ayer mismo con la aprobación, por consenso, de la Convocatoria a Elección del Defensor del Pueblo y el Reglamento de Selección en la Asamblea Legislativa Plurinacional, todo indica que el tema del Censo encontrará una férrea oposición en algunas regiones del país. Y esto, por supuesto, no es lo deseable. Un trabajo de semejante magnitud, que en principio movilizará a 305 mil encuestadores, debería contar con la anuencia de todos los bolivianos.
¿Para qué sirve un censo? Entre otras cosas, para actualizar los datos relacionados con la población y la vivienda de un país determinado y, a partir de esa información, aprobar políticas públicas de beneficio para la sociedad.
Sobre esa base general de la significación de un censo, cabe reflexionar acerca de la preocupación adelantada por el Presidente de la FAM. No se trata de hacer un levantamiento de información sin antes definir —y consensuar— las variables y la forma de la adecuación de esos datos en la realidad; es decir, cómo y cuánto van a afectar a los habitantes del país.
Todo lo recolectado por el Censo debe servir como herramienta para mejorar la vida de los bolivianos, sin discriminación alguna. La justicia social de la nueva distribución de recursos económicos y otros detalles, como, por ejemplo, una futura composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es fundamental.
En ese sentido, preocupa, especialmente a regiones como Chuquisaca y Potosí, la asfixiante presión migratoria del campo sobre las ciudades capitales. El progresivo traslado de migrantes de las áreas rurales hacia las grandes urbes del país, irremediablemente, aumenta en número las poblaciones de las ciudades del eje central y disminuye las de los demás departamentos.
Del nuevo “mapa” que salga del Censo, esa radiografía de la realidad de los bolivianos, no puede haber favorecidos ni perjudicados, sino que, bajo criterios de sabiduría, justicia y equilibrio, se debe velar por una redistribución que vele por aquellos territorios más necesitados, tanto por contar con una mayor y una menor población.
La ausencia de un pacto fiscal, hasta ahora, después de años de clamor desde las regiones, constituye un severo error. El país no tendría que llegar a un censo nacional sin antes lograr acuerdos mínimos que bien podrían conseguirse con un pacto de esas características.
