La conmemoración de los 143 años de la defensa de Calama encontrará a Bolivia con un panorama diametralmente opuesto a otras anteriores, pues se ha cerrado una de las puertas hacia la reivindicación marítima: la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.
Recordemos que, en su momento, cuando era candidato presidencial, el ahora exsenador Óscar Ortiz pidió un juicio contra los responsables del fracaso en La Haya, identificando a Evo Morales, Álvaro García Linera y Carlos Mesa, y esa fue la prueba de que todo cuanto gire en torno al tema estará politizado.
Es más prudente dirigir nuestra mirada hacia el pasado, a la guerra que terminó cercenando a Bolivia parte de su territorio y su único acceso soberano al mar. Y en este punto, aparecieron otras miradas.
Va cambiando, por ejemplo, la visión que se tenía sobre Hilarión Daza, el presidente de Bolivia en tiempos de la invasión. Hasta hace poco, era considerado responsable de la pérdida del Litoral y esa era la imagen que se enseñaba en escuelas y colegios. Hoy, cada vez más historiadores estudian mejor su grado de culpa en lo ocurrido hace 143 años.
Un hecho que se repite hasta la saciedad, y es utilizado como paráfrasis de la irresponsabilidad, es la versión de que Daza no comunicó de inmediato la noticia de la invasión de Antofagasta para no interrumpir las fiestas del Carnaval. Documentación de la época demuestra que, por el contrario, se movilizó de inmediato e hizo todo cuanto debía en el ejercicio de su cargo.
Existen por lo menos dos hechos que liberan de culpa a Daza en la tan manipulada versión del carnaval:
El primero es que la noticia de la ocupación de Antofagasta llegó en martes de Carnaval pero, de inmediato, cesó todo festejo no por disposición presidencial, sino por una decisión espontánea de la ciudadanía paceña.
El segundo es que Daza tomó medidas ni bien conoció la noticia de la invasión: declaró a la patria en peligro, dictó estado de sitio y decretó una “amnistía amplia y sin restricción”.
Pero también hay otros detalles como, por ejemplo, mayores evidencias de que hubo una conjura para tapar ciertos hechos de la guerra, como los combates de Tambillos y Canchas Blancas, con el aparente propósito de librar de responsabilidad al general Narciso Campero que, como se sabe, asumió la presidencia de la República tras la destitución de Daza.
Y es que así como en su momento se puso bajo la lupa el papel de Daza, ahora es tiempo de analizar la conducta de otros protagonistas de la guerra, como Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y Narciso Campero, que llegaron a ser presidentes en sentido inverso al que se utiliza para mencionarlos.
Arce y Campero eran miembros del directorio de la Compañía Minera Huanchaca, la empresa minera a la que no le convenía la guerra porque perjudicaba sus exportaciones de minerales. Un diario de campaña de la Quinta División del Ejército boliviano —que estaba encabezada por Campero— demuestra que Arce visitó a este en plena campaña. Se desconoce qué fue lo que trataron.
Y un hallazgo reciente es que Campero le siguió juicio a Pacheco reclamándole su participación en una mina que poseía este último. Al parecer, la copropiedad de esa mina no fue adquirida mediante un proceso de compra-venta, sino que habría sido una promesa. Cabe, entonces, preguntarse, ¿por qué le cobró Campero a Pacheco? La pregunta tiene importancia si se toma en cuenta que Campero nunca obedeció las órdenes de Daza en el sentido de frenar el avance de los chilenos.
