En España y otros países de Europa hay un fenómeno que se denomina “okupas”. Se trata de personas que ingresan a una vivienda, la ocupan (de ahí les viene el nombre) y nadie más puede sacarlas porque, al hacerlo, la legislación vigente entiende que se está atropellando sus derechos.
Parece una broma, pero en realidad es una tragedia. A título de viabilizar leyes sociales, el Reino de España dio lugar a la aparición de estas personas que se han convertido en una plaga de tal magnitud que actualmente se debate la posibilidad de aprobar normas que eviten la multiplicación de esos casos. El problema es que en el Parlamento español existen partidos que defienden a los “okupas”, por lo tanto, bloquean las iniciativas en ese sentido.
Bolivia no está lejos de llegar a una situación de inseguridad similar para los propietarios de viviendas. ¿Qué tal si un día se entraran los avasalladores a casas particulares y se instalaran allí, con derechos y todo? Es lo único que falta en el fenómeno boliviano de ocupación de las tierras, una práctica habitual particularmente en el departamento de Santa Cruz, donde hace pocos días se registró una nueva disputa en un terreno y que terminó con un muerto.
Esta vez se trata del predio denominado “La Estrella”, ubicado en el municipio de Ascensión de Guarayos, que fue tomado por un grupo de al menos 100 personas que se identifican como campesinos. La propiedad, anteriormente llamada “La Colina”, estaba incautada dentro del contexto de un proceso por legitimación de ganancias ilícitas que sigue la justicia contra Claudia Liliana Rodríguez Espitia y Jacob Ostreicher.
El director del INRA, Eulogio Núñez, asegura que su institución nada tiene que ver con esos predios, ya que, al haber sido incautados en el marco de la Ley 1.008, el tema sale de su competencia.
En la Dirección de Bienes Incautados señalan que la custodia del terreno se entregó a extrabajadores de la empresa Coliagro SRL, de propiedad de Ostreicher, por el pago de salarios retrasados y beneficios sociales.
Supuestamente son esos extrabajadores quienes debían administrar las tierras por cuatro años, pero se habrían quedado más tiempo y serían, por tanto, los responsables de cuidar y velar por la seguridad de esa propiedad.
El caso es que tras la toma de esas tierras hubo enfrentamientos entre campesinos y un grupo de gente presumiblemente armadas. Producto de eso murió Franklin Delgadillo, de 21 años. La autopsia reveló que tenía al menos un impacto de bala calibre 22 en el abdomen y varios de bolillas que le provocaron una hemorragia interna. La Fiscalía informó que hay cinco aprehendidos, y que, además del homicidio, se investigarán los delitos de lesiones y portación ilegal de armas.
Las tomas, ocupación o avasallamientos de tierras han llegado a convertirse en moneda de uso corriente, como una peligrosa violación de derechos a la propiedad en la que están comprometidos grupos de campesinos, casi todos ellos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
El dato partidario no es casual ni forzado; al contrario, en varios de los casos las ocupaciones se han desarrollado con la confianza de gozar de la permisividad de las instituciones estatales relacionadas con las tierras, lo que se puede comprobar fácilmente con la pasividad o inacción que sucede a las tomas.
Pasó con Las Londras, donde además de la ocupación se ha registrado un secuestro de periodistas, policías y trabajadores, y las investigaciones no avanzan. Hay apenas dos detenidos, pese a los testimonios ofrecidos por las víctimas de ese atropello.
Es la impunidad la que está alentando el incremento de estas ocupaciones ilegales.
