El expresidente Evo Morales ha denunciado la existencia de grupos de narcotraficantes que supuestamente gozarían de la protección de las fuerzas antidroga. Su alerta desató operativos en los que se detuvo a varias personas, se destituyó a autoridades policiales de las fuerzas encargadas de luchar contra el narcotráfico y existen versiones que involucran a autoridades del más alto nivel, incluido el Ministro de Gobierno.
Si estos hechos hubieran ocurrido en otro país, habría que aplaudir al denunciante y esperar a que los responsables caigan para responder ante la ley. Sin embargo, estamos en Bolivia, un país que fue penetrado por el narcotráfico a fines de la década del 70 del siglo XX y, por lo tanto, es preciso dedicarle un análisis más frío al asunto.
Lo primero que debe quedarnos en claro, y lo hemos expresado en repetidas ocasiones en este espacio editorial, es que el narcotráfico no tiene ideología política: no responde a la clásica división de izquierdas y derechas. Cuando se reveló abiertamente, en julio de 1980, se mostró con el rostro más duro de la derecha: una reaccionaria, atropelladora de los derechos humanos, capaz de llegar al crimen. Hoy en día, es posible encontrar vínculos con el tráfico de drogas a partidos del más diverso color. En Sudamérica, se convirtieron en cárteles que controlan vastos territorios, generalmente para sembrar coca y luego producir cocaína.
En Bolivia, la cantidad de cabecillas narcotraficantes puestos tras las rejas es tan exigua que los dedos de una mano sobran para contarlos. Hubo un tiempo en el que los narcotraficantes se daban el lujo de recibir a los periodistas en sus mansiones, exhibir su riqueza y quedarse tranquilos después, a sabiendas que no serían detenidos. Era el tiempo de Roberto Suárez, al que después sucederían otros como Jorge Roca Suárez, alias “Techo ‘e Paja” e Isaac “Oso” Chavarría, cuya amistad con el político Oscar Eid representó el principio del fin de la influencia del MIR en la política nacional.
Los “narcos” operaron en Bolivia prácticamente con impunidad, hasta que, en un día de abril de 2022, más precisamente el lunes pasado, el expresidente Evo Morales denunció que eran encubiertos por las mismas fuerzas antidroga que tienen la responsabilidad de reprimirlos y detenerlos. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Es necesario tomar en cuenta el contexto: hace solo unas semanas, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que “hay gente, dirigentes, diputados, que se están llenando los bolsillos… Hay gente que tiene tres, cuatro, cinco, hasta ocho hectáreas y son los primeros en conseguir permiso para sacar la hoja de coca, y sabemos quiénes son esos dirigentes, esos diputados”. Esas declaraciones causaron un auténtico tsunami en su partido, el MAS, sobre todo en una de sus más fuertes bases sociales, los cocaleros del Chapare que, indignados, reaccionaron y emplazaron a Del Castillo a probar sus declaraciones. Pero, él no había acusado a nadie en particular.
El hecho es que, hoy, muchos creen que el Ministro de Gobierno está con un pie fuera de ese cargo. Aquellos que se sienten aludidos por sus palabras han iniciado acciones políticas destinadas a sacarlo del gabinete de Luis Arce. La vía sería la interpelación que ha impulsado el MAS y que las aclaraciones de la autoridad no han podido frenar.
¿Y las denuncias de Morales? Si hay protección al narcotráfico, se supone que esta se produce en el gobierno del actual presidente Arce. Desmontando esa “narcoestructura”, Evo está poniendo en evidencia al mandatario como protector del narcotráfico mientras que él aparece como el gran denunciante de las mafias que lo operan. Desvía la atención y se pinta como un héroe, ¿no es una jugada magistral?
