Apenas el martes celebramos el Día del Niño Boliviano y, al referirnos al presente de quienes en este momento se encuentran en su etapa formativa, hablamos de la necesidad de una educación de calidad a la que tienen derecho todos los ciudadanos de este país.
Publicamos que es necesario “hablar de sus derechos, de los accesos negados a una educación de calidad, a servicios de salud y, sobre todo, a contar con un sistema de protección que les permita simplemente ser niños y niñas, crecer con sus familias, y que éstas los amen y protejan”.
Ahora bien, el amor y la protección de las familias no solo debe traducirse en mimar a los hijos y darles lo que estos piden. De hecho, cada vez son más las voces de los psicólogos que advierten que, desde hace unos años, la educación de las niñas y niños se ha relajado porque muchas madres y padres confunden protección con proteccionismo y se han convertido en una especie de helicópteros que giran en torno a ellos. El fenómeno se advierte con mayor fuerza en los casos de los hijos únicos que, por su condición de tales, son más cuidados que otros.
En ese contexto general, hay que ubicar lo que está pasando en Bolivia, donde varias leyes con contenido social han sido promulgadas, y, en el caso de las niñas y niños, estas responden a una realidad en la que los maltratos físicos contra los menores se habían multiplicado en proporciones alarmantes. Por tanto, los intentos de solucionar ese problema se tradujeron en la modificación del Código del Menor y el Código de Familia que ahora están vigentes, modificados, con los nombres de Código del Niño, Niña y Adolescente (CNNA) y Código de Familias. Si queremos hablar de menores, hay que incorporar, también, a la Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez que dice, en el espíritu de las anteriores, que se debe “erradicar toda forma de violencia”.
A partir de la vigencia de estas leyes, castigar a las niñas, niños y adolescentes es una acción que puede ser penada por la ley. El CNNA define, incluso, el maltrato como “todo acto de violencia ejercido por padres, responsables, terceros y/o instituciones, mediante abuso, acción, omisión o supresión, en forma habitual u ocasional, que atente contra los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes”. Cuando este código se estaba promulgando, en 1999, se advirtió que se estaba convirtiendo a los menores en seres “intocables”, que no podrían ser disciplinados ni siquiera por sus padres. Sin embargo, quienes motivaban esas leyes se cerraron a las advertencias y los resultados los vemos ahora, 23 años después, cuando tenemos una cantidad alarmante de delitos cometidos por menores de edad a los que sus padres no les pueden decir nada, ni mucho menos castigar, porque el CNNA lo prohíbe.
Entrevistada por nuestra revista Ecos, Ivonne Ramírez, docente de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Salud de la Universidad San Francisco Xavier, había advertido en enero de este año que la educación de los hijos se ha convertido en permisiva. “Es preocupante. Debemos pensar como papás que algo no estamos haciendo bien”, dijo, pero no mencionó que son las leyes las que no permiten a madres y padres ejercer su patria potestad; es decir, su autoridad de padres y los resultados son los que estamos viendo: tenemos una generación que, con acierto, se denomina “de cristal”. Entonces, la normativa no ayuda a educar y, por el contrario, propicia la malacrianza.
Es en ese contexto que un video filmado subrepticiamente por un estudiante del colegio Pichincha, de Potosí, en el que se ve a un maestro dar una cachetada a un alumno, ha encendido el debate sobre los efectos de las leyes antes mencionadas. Habría que seguir hablando al respecto.
