Un buen gobernante es aquel que gobierna para todos, no solo para ciertos sectores y, a partir de ahí, se puede encontrar varios signos de discriminación en el gobierno de Evo Morales.
Como se sabe, el expresidente tenía predilección por las regiones en las que era favorecido con el voto y, por ello, los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y La Paz, eran sus favoritos, en ese orden.
Cochabamba era y sigue siendo su territorio mimado pues allí está el Chapare, la región con la más alta producción de coca y en donde, incluso, está viviendo Morales. Allí se construyó desde un moderno estadio, que se usa poco, hasta un aeropuerto que, aparentemente, se usa bastante para el comercio de coca y sus derivados.
Oruro es el lugar donde nació Evo e incluso en el remoto pueblo donde vio la luz, Orinoca, se ha construido un museo con un precio que hasta ahora no puede ser recuperado, pues muy pocas personas lo visitan. A esta región se la ha atendido, también, potenciándola para que pueda comenzar a industrializar su litio.
La Paz, en cambio, se ha ganado los favores del caudillo cocalero debido a la conducta de El Alto, que no dudó en defenderlo varias veces y aún ahora, con Eva Copa como alcaldesa, sigue tirando hacia el lado de aquel.
Por eso es que no es de extrañar que el gobierno de Luis Arce haya anunciado la construcción de una refinería de zinc en La Paz que apenas tiene el 3 por ciento de producción de ese mineral. Se trata, sin duda, de una pretensión que no se justifica puesto que Potosí, que tiene el 83 por ciento, lleva años exigiendo que se construya una refinería de zinc en ese Departamento. Las cifras son tan contundentes que queda más que claro que existe una actitud de discriminación hacia el mayor productor de minerales del país.
Otra prueba de discriminación es lo que está ocurriendo con el proceso para designar a la nueva defensora o defensor del pueblo de Bolivia. El proceso está a medio camino, pero ya ha dado señales de manipulación y direccionamiento para favorecer a un candidato que sea cercano al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que, además, represente al Departamento de La Paz.
No otra cosa significa que, de los 66 postulantes que todavía quedan, la mayoría, unos 30 en total, tiene trayectorias o antecedentes de cercanía al partido de gobierno y 40 de ellos pertenecen a La Paz.
Por tanto, el país del centralismo no ha cambiado un ápice y en cada ocasión en que el Estado tiene la oportunidad de remarcar ese concepto de acumulación de la administración de poder en La Paz, el gobierno también central no duda en hacerlo, como en este caso.
La comisión calificadora de la Asamblea Legislativa apartó a 134 candidatos que presentaron sus postulaciones, y lo hizo con diversos argumentos que refieren a supuestos incumplimientos de requisitos. En algún caso, se argumentó incluso la falta de la firma en la hoja de vida como causal de inhabilitación, pese a que el afectado demostró que el documento sí lleva su rúbrica.
En efecto, la Comisión inhabilitó al candidato representante del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, quien presentó una impugnación contra la Comisión Mixta de Constitución que lo apartó de la carrera porque supuestamente su hoja de vida no estaba firmada. El candidato mostró a los medios de comunicación la prueba de que la documentación llevaba su firma.
Lo que ocurre es que se está direccionando el proceso hacia un postulante afín al MAS. Con un Defensor del Pueblo cercano al Gobierno, la institución pierde completamente su razón de ser y se confirma que se gobierna con discriminación.
