El Gobierno y representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunieron ayer y, contrariamente a lo que se esperaba, no se tocó el tema del incremento salarial que aquel dio por hecho para esta gestión, retomando la costumbre del anuncio en el 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo.
Según señaló el ministro de economía, los empresarios no pusieron el tema en tapete de discusión. “No hubo necesidad de abordar ese tema dado que las posiciones están claras, el Gobierno tiene su propia posición y el sector empresarial lo ha manifestado, lo ha hecho conocer; las preocupaciones son las mismas”, dijo el presidente de la CEPB, Luis Barbery, al salir de la reunión.
En criterio de los privados, no tiene sentido discutir cuando ya existe una posición tomada así que, ahora, solo resta esperar el anuncio del gobierno para saber en qué proporción serán incrementados los salarios, porque ese será el déficit que causará a las empresas una decisión que no se justifica desde el punto de vista técnico-económico.
El 1º de Mayo de todos los años debiera ser un día de celebración de los trabajadores y de quienes generan trabajo, pero en Bolivia es un día de contrasentidos: los sucesivos gobiernos del Movimiento Al Socialismo han convertido esta fecha en un feriado de anuncios de generosos incrementos salariales muy alejados de las condiciones de la economía y de las empresas para cumplir con esas alzas.
Este año, las empresas aún no se han recuperado del gran golpe de la pandemia durante dos años y ya tendrán que pagar un incremento salarial en porcentajes que el Gobierno define unilateralmente con la Central Obrera Boliviana (COB), sin considerar la opinión de los que van a pagar ese aumento, a quienes no se les da la oportunidad de opinar al menos si pueden o no pueden cumplir.
La COB planteó al Gobierno un incremento del 7 por ciento al salario básico nacional y 10 por ciento al salario mínimo; es decir, como si el país estuviera en un ritmo de crecimiento acelerado. Los dirigentes sindicales parecen vivir en otro país, y aun así habría que preguntarse qué país del mundo estaría en condiciones de hacer un aumento de tal proporción después de la pandemia.
El propio Gobierno habla de una recuperación de la economía cuando los hechos muestran que no es así, y hasta anuncia que hay una “probabilidad buena” de que este año se ordene el pago del doble aguinaldo.
La pandemia no es la única razón de la crisis de las empresas; hay un factor adicional que ha puesto cuesta arriba el destino de quienes producen y generan empleos en el país, y es el contrabando: los mercados de Bolivia tienen más productos de contrabando que productos hechos en el país, y, ante eso, las autoridades han hecho poco o nada.
Pero además están la informalidad, los avasallamientos, las regulaciones que restringen las exportaciones, la presión impositiva, la sobrerregulación laboral, las afectaciones a las cadenas de suministro y hasta los frecuentes bloqueos de carreteras que impiden el transporte oportuno de los productos. Es decir, hay una larga lista de factores que atentan diariamente contra la actividad empresarial y eso también cuenta a la hora de determinar si están en condiciones de cubrir incrementos salariales.
Es mucho pedirle al Gobierno, pero si hay un atisbo de sensatez en alguna autoridad, debiera servir para reflexionar que los incrementos salariales no consensuados con el que los paga colisionan contra la salud financiera de las empresas privadas obligando a que varias de ellas cierren sus puertas y, así, afecten a los propios trabajadores.
