EDITORIAL

¿Por qué atacar a los profesionales?

El Movimiento Al Socialismo (MAS) llegó al poder de la mano de Evo Morales el 22 de enero de 2006. Desde entonces, muchas cosas han cambiado y no todas para bien. Uno de los cambios es que ahora, más que nunca, los títulos profesionales han perdido valor.

Hasta antes del año mencionado, el horizonte de la mayoría de los bolivianos apuntaba a obtener una profesión con el fin de que esta se convierta en el instrumento idóneo para ganarse la vida.

Pero, hoy en día, el título profesional no es importante. Con el argumento de que darles importancia a los títulos es un acto de discriminación, la normativa nacional permite que los cargos electivos sean ocupados por cualquier persona, con prescindencia de su formación a nivel de bachilleres, técnicos o universitarios.

Desde 2006 ha habido una involución en ese sentido. Hemos visto llegar a cargos de relevancia a personas que ni siquiera terminaron el bachillerato, lo que les pone en desventaja frente a aquellos que fueron formados con estudios superiores para ejercitar múltiples tareas. Pero, esto importa poco hoy en día.

Es cierto que cualquiera que tenga la edad mínima puede ser candidato y ser elegido para un cargo público, pero también que la mayoría de los casos de presunta comisión de delitos, corrupción y acciones o declaraciones sin la necesaria lógica son más comunes entre los que no tienen título que entre los profesionales.

Recordemos, por ejemplo, que a mediados de enero de 2013 estalló un escándalo en Sucre cuando se difundió un video en el que un asambleísta departamental de Chuquisaca violaba a una funcionaria que estaba inconsciente. El principal implicado no tenía profesión y, en la casilla destinada a poner ese dato, decía “agricultor”.

Desde entonces han pasado nueve años y las denuncias sobre la comisión de actos irregulares o delitos suelen involucrar a personas que, coincidencia o no, no tienen título profesional.

Ese es también el caso de Potosí, donde aún se ventila otro escándalo, el de la compra presuntamente ilegal de 41 ambulancias y la figura en torno a la cual gira este suceso es el Gobernador que, cuando se trata de referir una profesión u oficio proporcionaba el dato de “operador”, sin más detalles.

Otra autoridad de ese mismo gobierno subnacional es el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, de quien se descubrió que no había terminado el bachillerato. Este último funcionario fue acusado de haber golpeado a mujeres mientras se desbloqueaban por la fuerza algunas calles del centro histórico de la Villa Imperial.

Con esos antecedentes, resulta por lo menos llamativo que el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, haya descalificado a los profesionales diciendo que ellos solo pueden enseñar a robar. ¿Cómo se explica ese ataque? ¿Hay resentimiento en la segunda autoridad del país hacia los miles de titulares del país? ¿Representa él a una porción importante de bolivianos que piensan de esa manera?

Anteriormente, el expresidente Evo Morales quiso complicarles la vida a los galenos nacionales haciéndoles trabajar ocho horas y fijándoles sanciones por negligencia médica. Ese sector resistió su intento y logró doblarle el brazo.

Si todo se explicase por un resentimiento u odio, sería muy grave para las nuevas generaciones, para el futuro del país, seguir escuchando discursos de autoridades en los que se estigmatiza el estudio. (R)


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