Ayer se cumplió seis meses de uno de los hechos más escandalosos en la historia reciente, el de una emboscada en el que los agresores utilizaron armas de fuego y cometieron varios delitos que, sin embargo, permanecen sin castigo.

Ya pasa medio año y el único resultado es la impunidad en la que queda uno de los hechos más violentos y terribles de la última historia nacional: el secuestro y tortura a 17 personas en el predio Las Londras, de Santa Cruz, por parte de unos 80 sujetos armados y encapuchados, que ahora gozan de libertad y que ni remordimientos deben tener por los delitos cometidos.

La situación fue altamente irregular desde el principio. Tras conocer que los periodistas, policías y trabajadores estaban retenidos, la Policía no envió un contingente policial para dar protección; es más, las víctimas fueron obligadas a firmar un acta en la que prometían no volver al lugar, en tanto seguían amenazados y tuvieron que salir huyendo con las llantas pinchadas, pero sin custodia ni seguridad. Ahí empezaba la historia de la impunidad.

Unos 200 uniformados llegaron recién dos días después, y se mostraron a los medios, pero no hallaron nada ni a nadie. A ese lugar había ido un día antes el director departamental del INRA, se reunió con los encapuchados y hasta fue aplaudido por ellos. Ahí continuaba la historia de la impunidad.

Ya han pasado seis meses desde el secuestro y solo hay dos detenidos. Hubo seis órdenes de aprehensión contra los miembros del grupo irregular que fueron reconocidos, pero no fueron ejecutadas; es más, ya vencieron tales documentos y nadie mueve un dedo para emitir otros y hacer justicia.

Uno de los detenidos, Heber Sixto Canaza, fue reconocido como una persona que toma predios con armas y violencia, mientras que el segundo, Paulino Camacho, es considerado el más peligroso de los dos, por ser afecto al uso de armas de fuego. Sus compañeros también son considerados violentos, pero todos están refugiados en San Julián, bastión del MAS y tierra de los interculturales, señalados también por trasladar a gente a la toma de predios productivos. Todos ellos, claramente tienen la protección del Gobierno nacional, a cuyas autoridades no parece indignarles ni preocuparles la presencia de grupos irregulares armados en el país, siempre que sirvan a sus objetivos de poder.

Basta comparar los operativos y la dimensión de las acciones del Gobierno para evidenciar que en el caso Las Londras hay impunidad. A San Julián enviaron 20 policías y fiscales para detener a seis personas del grupo irregular armado. A Potosí mandaron a dos mil policías para detener a un dirigente cívico opositor (que no estaba armado y no había torturado).

Por otro lado, no faltaron los dirigentes del MAS que justificaron las armas en Las Londras señalando que los empresarios también las usan. Los responsables del INRA también intentaron relativizar el gravísimo hecho.

Lo cierto es que, si hubiera quedado el registro de los encapuchados disparando y de las cámaras de filmación destrozadas a balazos, el Gobierno habría puesto su aparato mediático y discursivo para desvirtuar lo que atestiguaron periodistas y productores, víctimas de las torturas.

Sin embargo, que el Gobierno no lo quiera sancionar no significa que la población, particularmente los periodistas, los productores del agro y los policías conscientes, hayan olvidado que están operando grupos irregulares armados y que la necesidad de sanción es un imperativo que no se puede olvidar.

Han pasado seis meses de un claro ejemplo de impunidad y encubrimiento por parte del gobierno a personas que cometen delitos y está próximo el Día del Periodista. Será una ocasión para hablar de este y otros atentados contra la prensa.