Los periodistas de gran parte del país conmemorarán su día este martes sumidos en una situación económica difícil, agravada tanto por la pandemia como por la incomprensión de los políticos que no terminan de entender cuál es su verdadero papel.

La función primordial del periodista es informar. Es la persona que recolecta, procesa y difunde información de interés público a través de un medio idóneo para hacerlo.

El gobernante, en cambio, no solo es aquel que dirige un país o una colectividad política. Es, también, el mandatario de la sociedad; es decir, aquella persona que, a través del voto, ha recibido el mandato de gobernar a nombre de todos. Esa condición emerge de un contrato social implícito en el que todas las personas que forman parte de una colectividad entienden que no pueden gobernar al mismo tiempo, así que le encomiendan esa tarea a una de ellas. Sin embargo, ese encargo, ese mandato, no es una autorización para que el mandatario haga lo que le venga en gana. Como fue elegido y actúa a nombre de toda la comunidad, le tiene que rendir cuentas.

El problema que tenemos los latinoamericanos es que nuestros gobernantes no entienden el concepto de mandato y mandatario. Creen que, al ser elegidos, se convierten en seres todopoderosos que pueden hacer lo que deseen, incluyendo prorrogar su mandato y usar los bienes de la colectividad a su arbitrio, sin dar cuenta de ello. En una sociedad civilizada hay separación de poderes y existen instancias de control, como el legislativo, que tiene potestad fiscalizadora, pero cuando el poder se ha extendido a todos los niveles del Estado, nadie controla al mandatario. 

En los países en los que funciona la separación de poderes, el periodismo no tiene necesidad de involucrarse en el funcionamiento interno de los mecanismos estatales. Como sabe que los miembros del legislativo fiscalizarán los actos del mandatario y que el judicial los procesará por infracciones a la norma, entonces se limita a esperar que el sistema funcione e informa sobre eso. 

Pero en Latinoamérica la separación de poderes es teórica, así que el periodismo debe cubrir los vacíos. No juzga, pues esa es atribución del Poder Judicial, pero ejerce una fiscalización indirecta cuando se pone a averiguar, investigación mediante, si el mandatario está usando adecuadamente los bienes del Estado o no está abusando de su mandato.

Pero los políticos no entienden esto porque su idea sobre el funcionamiento del periodismo es distinta. Ellos creen que la prensa solo debe reflejar lo bueno, ignorando el mal uso de bienes o del poder, o, peor aún, consideran que los medios de comunicación deben ser simples cajas de resonancia del discurso que se lanza desde los palacios de gobierno. Para los políticos, el buen periodismo es el que baila a su ritmo porque, si informa sobre malos manejos, entonces se convierte en opositor, en un enemigo que, como tal, debe ser eliminado.

Esa forma de ver el periodismo es común en derechas e izquierdas y en todas las organizaciones políticas, sin importar su color. Entonces, devenido en enemigo, el periodista es odiado y marginado en consecuencia. 

Como se ha visto que no es posible controlar a toda la prensa, entonces solo se coopta a una parte, o se compra medios independientes. A los que no forman parte del esquema se les corta la publicidad, se les asfixia porque ahora ya no se cierra medios por la fuerza, sino de a poco, cortándoles el aire.

Si a eso se suma el efecto pernicioso de la pandemia, entonces entenderemos por qué hay medios que se cierran, dejando en la calle a periodistas, mientras que los que siguen abiertos debieron reducir sueldos.

La situación es difícil y, por eso, este es un triste Día del Periodista.