La Fiscalía General del Estado lleva contabilizados cerca de 35 feminicidios en Bolivia, la mayoría de ellos a manos de parejas consolidadas, un dato que llama particularmente la atención. Aunque todos, en general, no hacen más que confirmar una alarmante tendencia a la misoginia.
Hay varios casos que remecieron a los bolivianos en las últimas semanas. Entre ellos, uno en Potosí y dos en La Paz. Pero una noticia dejó a más de uno perplejo: hubo cuatro feminicidios en 96 horas, es decir, cuatro mujeres fueron asesinadas por hombres en cuatro días consecutivos, según se informó el lunes pasado.
Esas mujeres tenían entre 32 y 78 años de edad.
Pero, yéndonos un poco más atrás en el tiempo, en Potosí, Oswil Josué Fhillco Montenegro, excandidato a diputado en las listas de Chi Hyun Chung, asesinó a golpes a su esposa Pamela Rocha Sanabria, de 29 años, y la decapitó. Luego, huyó a Argentina, donde fue capturado por la Gendarmería. Este caso está precedido por reportes de malos tratos hacia la víctima, lo cual enseña que se podría haber hecho algo más por la vida de Rocha Sanabria.
Wilma Edith Fernández Quispe, 39 años, y Valeria Mercado, de 28, fueron asesinadas en La Paz y con métodos similares.
Valeria había llegado desde Cochabamba acompañada de su hijo para encontrarse con su expareja. Hallaron su cuerpo escondido en un tanque de agua, en una caja envuelta con plástico azul, simulando que se trataba de una lavadora, en la Zona Sur de La Paz. El feminicida se llama José Luis Almanza Frontanilla. Aparentemente la mujer pretendía viajar a España con su hijo de cuatro años, y Almanza no estaba de acuerdo. Como quizá se creía dueño de la vida y el destino de Valeria, la mató.
Probablemente de aquí a no muchos años el asesino pueda gozar de libertad condicional, si acaso gozara del favor de algún juez corrupto, como ya ocurrió en varios casos denunciados en los pasados meses. Una comisión gubernamental identificó 141 casos de violadores y feminicidas con sentencia que fueron liberados o puestos con libertad domiciliaria, por orden de cerca de una veintena de jueces. Esto representa una verdadera vergüenza para la justicia nacional.
A Wilma la mató Jashiro Oliver Hayakawa Condarco, que la estranguló hasta dejarla sin respiración en una vivienda de la Zona Sur de La Paz y luego envolvió su cuerpo con yute, lo cargó en un automóvil y lo arrojó cerca de Chuspipata, a unos 50 kilómetros de la sede del Gobierno, en la ruta a los Yungas.
Wilma había llegado de Londres por unos trámites y tenía previsto retornar a Europa, donde residía.
Al conocer estas noticias, hay tantas preguntas que uno se hace que resulta una tarea abrumadora y deprimente intentar encontrar respuestas. ¿Cómo es, por ejemplo, que después de centenares de feminicidios, de movimientos para detener la ola de crímenes, de condena social, de tantas sentencias de “30 años sin derecho a indulto” contra los autores, los asesinatos de mujeres continúan sucediendo en el país como si nada hubiera pasado?
Lo que es peor, ¿cómo es que el Estado, con todas sus instituciones, poder y uso de la fuerza pública, no puede terminar con los feminicidios? ¿Y cómo es que la sociedad convive con criminales a los que muchos tienen de vecinos y no se hace nada para evitar muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas o exparejas?
