El jueves 12 de mayo recién pasado, la famosa revista “El jueves”, de España, puso en su tapa una caricatura en la que se ve a tres ancianos jueces de la Audiencia Nacional gateando vergonzosamente en el suelo mientras que el rey emérito, Juan Carlos I, va muy cómodo sobre sus espaldas, usando un inmenso saco de euros como su almohada. Si hay dudas respecto a lo que quiere decir la viñeta, la leyenda que va sobre el dibujo, a todo lo ancho de la página, lo despeja todo: “Archivada la comisión sobre las comisiones de Juan Carlos I POR EL AVE A LA MECA”. En la edición digital, las cosas son peores porque la viñeta va acompañada de este resumen: “El Borbón se va de rositas (otra p*ta vez)”.
Es mucho lo que se puede decir respecto al dibujo, pero lo vamos a resumir así: los actos de corrupción que se ha descubierto en torno al reinado de Juan Carlos no dejan de alimentar las páginas de la prensa española. Y lo hacen sin asco, ni eufemismos, y con toda la crudeza que el caso requiere. Eso se llama libertad de expresión.
El director y el equipo de “El jueves”, que sale los miércoles, han sido objeto de múltiples denuncias por su manera de enfocar la coyuntura española. Por la frecuencia de este medio, semanal, y el tiempo que viene publicando, ha convertido a Juan Carlos en el rey más ridiculizado por un medio de comunicación en toda la historia de España, pero ningún juicio en su contra ha prosperado puesto que, a la hora de hacer su trabajo, los jueces han determinado que, en primera instancia, “El jueves” hace uso de su libertad de expresión y, al ser un medio de comunicación permanente, se considera que la publicación periódica es, también, periodística, así que está ejerciendo su libertad de prensa.
En Bolivia; sin embargo, es difícil que una conducta de ese tipo prospere. La más de las veces, el análisis de los jueces no es jurídico, ni siquiera en los marcos del sentido común, y lo que se hace no es administrar justicia sino escarmentar a quien se haya atrevido a referirse al gobierno. No hay rey emérito, pero es como si lo hubiera. El expresidente Evo Morales es el rey detrás de un trono cuya principal función no es gobernar, sino administrar un Estado de tal manera que, al concluir una gestión de gobierno, se pueda extender por otra.
Al expresidente —o rey emérito, si aplicamos la analogía— no hay que criticarle porque, en criterio de sus acólitos, es infalible, perfecto e incapaz de equivocarse. Lo que él dice es ley y, por tanto, está por encima de la ley. Si alguien se atreve a hacerlo, hay que escarmentarle.
Es lo que ha ocurrido con el ahora exviceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Freddy Bobaryn: se atrevió a criticar, no al jefe sino al “jefazo” —como se llama a Evo tiempo ha— y este ha demostrado su poder no solo sacándolo del medio, pese a la oposición inicial del presidente Arce, sino reemplazándolo por Gustavo Torrico, el mismo que advirtió que las mujeres bolivianas debían prepararse a llorar a sus muertos si se producía una revuelta en 2019.
No se trata de una muestra de la división que existe en el MAS, y suele reproducirse en sus diferentes instancias partidarias, sino de la realidad sobre quién gobierna en el país. Está claro que uno es el presidente, Arce, pero otro es quien ejercer el mando, Morales. Esa es la sencilla razón por la que este último sigue haciendo uso de los bienes del Estado, entre muchas otras muestras de su poder.
Un viceministro, y cualquier otro funcionario, deberían poder expresarse libremente, como ocurre en otros países del mundo, pero, en Bolivia, la única manera de coexistir con el partido en función de gobierno es chupando las medias de sus dirigentes. Si no, hay que sufrir las consecuencias. Y eso no es democracia.
