La obra maestra del MAS el año 2005 fue unificar los movimientos sociales alrededor de pocas, pero eficaces consignas ideológicas, y muchos y seductores acuerdos de repartición de los beneficios del poder.
La consigna principal fue recuperar el rol del Estado y de sus empresas después del ciclo neoliberal, revirtiendo las políticas de achicamiento del aparato estatal que se practicaron en Bolivia después de la catástrofe del Gobierno de la UDP. De ese modo, los paladines del Estado emprendieron un programa que tuvo su momento estelar en la “nacionalización” y en la reestatización de las empresas capitalizadas.
Sin embargo, la realidad nos muestra que los paladines del Estado han gobernado en contra de éste, destruyendo la institucionalidad (que es el equivalente estatal del buen gobierno corporativo de la empresa privada), como indican algunos hechos incontrovertibles que paso a describir.
Las empresas del Estado, recuperadas en ese proceso, han buscado la ambigüedad de ser, al mismo tiempo, propiedad mayoritaria del Estado y empresas anónimas con el fin manifiesto de evadir el control fiscal de las draconianas leyes anticorrupción. El reciente contrato incestuoso entre YPFB y su subsidiaria Refinación S.A. para la construcción del enésimo elefante azul es un ejemplo de lo afirmado.
Para construir un Estado fuerte y eficiente se esperaría que los funcionarios fueran elegidos entre los mejores profesionales y sean dignamente remunerados. Al contrario, la constante ha sido la asignación de pegas con base en “cupos” o “avales” de los sectores sociales, privilegiando a los dirigentes sindicales que aseguran la lealtad de sus bases, y el perverso sistema de los interinatos. El resultado es, en general, incompetencia, improvisación, dependencia y lealtad hacia los que los nombraron. Y, encima, todos los beneficios son para los trabajadores de empresas privadas, como el reciente incremento salarial y la reincorporación obligatoria, beneficios que se les niega a los funcionarios públicos.
Un Estado fuerte y digno debería ser transparente, pero, para no ir lejos, se mantiene oculto el texto de la Sexta Adenda del contrato YPFB-IEASA para no que no se sepa quién paga las penalidades de los menores envíos a Petrobras.
Se reconoce que un logro de los últimos 15 años ha sido la inclusión social de los pueblos indígenas, pero ese mismo Estado, a pesar de la bonanza económica, ha sido incapaz de avanzar con la inclusión educativa, indispensable para una real inclusión. De hecho, la educación pública sigue tanto o más deficiente que antes.
Se ha denunciado repetidamente los efectos perversos de los subsidios ciegos que vacían las arcas del Estado sin beneficiar a los que realmente necesitan esas ayudas; se trata de otro ejemplo en que la defensa del Estado se supedita a intereses electorales y partidarios.
En todo país y en todo gobierno se suscitan actos de corrupción que son atentados contra la salud del Estado. La diferencia está en cómo se encaran esos actos: con valentía para extirpar ese cáncer del cuerpo del Estado o con lealtades partidarias que echan un manto de silencio y olvido, cuando no de premios, sobre los responsables y destrozan el tejido moral de la nación.
En efecto, el verdadero “daño al Estado” no es solo el económico de los corruptos, sino el moral que están heredando las nuevas generaciones, mediante la banalización de los delitos institucionales, la justicia podrida, la policía corrupta, la indiferencia y complicidad con el crimen organizado y otras graves enfermedades de un Estado camino a volverse éticamente fallido.
