“La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a pensar por su propia cuenta (…). Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”. Es un fragmento del “Manifiesto Liminar de Córdoba” de 1918, con el que en América se inició la lucha por la autonomía universitaria.

En nuestro país con el Estatuto de Educación Pública de 1930 y el referendo de 1931 que consagró en la Constitución la Autonomía Universitaria, culminaba lo que en 1928 inició el Primer Congreso de Estudiantes, fundador de la Federación Universitaria Boliviana.

La autonomía universitaria, en ese contexto histórico fundacional, proclamaba en sus contenidos principales el autogobierno universitario, como base esencial de la educación superior, de la investigación científica y del compromiso social frente a cualquier control o imposición gubernamental. 

Sin duda el vigor del movimiento universitario autonómico tuvo sus pruebas de fuego durante los gobiernos dictatoriales -Barrientos, Banzer y García Meza-, a los que combatió como parte de la lucha nacional y popular en defensa de la libertad y la democracia. Fue en esos escenarios en los que se forjaron centenares de dirigentes universitarios que, en gran parte, nutrieron el liderazgo político nacional durante los últimos 60 años.

Hoy la Universidad Boliviana Autónoma mantiene su rango constitucional en los artículos 91 y 92 de la Constitución Política que reiteran sus fines de “formación integral, investigación científica y de extensión social”, al tiempo que definen los alcances del autogobierno en “la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades y la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuesto”.

Pero esa nuestra universidad está atravesando una doble y profunda crisis: la de su institucionalidad como formadora de profesionales y generadora de ciencia y conocimiento, y la crisis de su liderazgo, especialmente en el “estamento” estudiantil.

No voy a detallar los últimos acontecimientos luctuosos y delictivos que se llevaron la vida de cuatro estudiantes de nuestra Universidad Autónoma Tomás Frías, en un hecho grotesco de manipulación de la base estudiantil para fines prebendales y donde la pugna por las dirigencias ha llegado al extremo del terrorismo homicida. Pero lo que sí debemos decantar de estos hechos trágicos es la degradación casi absoluta del “liderazgo” universitario y, más a fondo, de la pérdida del norte de los fines y objetivos de la educación superior.

La repartija de los cargos, la corrupción, el robo de los recursos públicos, la desconexión con la base universitaria y la acción delictiva para mantener ilegítimos privilegios están marcando un descalabro dirigencial generalizado que no puede ni debe continuar.

Y ese descalabro no es sólo resultado de la acción de grupos criminales, sino de una crisis mayor de valores que está extendida en todo el sistema universitario público que, hace mucho tiempo, parece ajeno a los grandes problemas nacionales. Nuestras universidades han dejado de ser los foros públicos del debate nacional, ya no son centros de investigación y conocimiento sobre las problemáticas del país, parecen ghetos cerrados y de espaldas a las angustias y desafíos colectivos y, si sumamos a ello el declive cada vez mayor de la calidad educativa, tenemos un cuadro de crisis extrema, donde toda la estructura organizacional y de representación se muestra como un botín de pequeños grupos dedicados exclusivamente al enriquecimiento ilícito y a la perpetuación en los cargos, adoptando métodos execrables para lograr esos fines degradados.

Pero no confundamos la deformación con el concepto. La autonomía universitaria, la cátedra libre, el autogobierno docente estudiantil son valores universales que debemos defender y sobre todo recuperar de las manos groseras de politiqueros delincuentes enquistados en nuestra alma mater. No es la autonomía universitaria la causa de la degradación y la pérdida de rumbo. Es más bien esa degradación lo que la está desnaturalizando. 

Parece imprescindible, como en 1930 y 1970, emprender un nuevo proceso de reforma universitaria a partir de las autoridades honestas, que las hay, con los miles de estudiantes y docentes que están verdaderamente interesados en liberar a nuestras universidades del populismo corrupto y hacer de ellas los centros de producción científica e intelectual que requerimos con urgencia para acabar con la mediocridad, el extravío y la delincuencia en todas las esferas públicas.