Son 12 conclusiones y 20 recomendaciones las contenidas en el informe del Relator Especial de la ONU que, fechado el 12 de mayo pasado, ha sido publicado después de tres meses de la visita a Bolivia de Diego García-Sayán.
Entre las principales destaco, resumidamente, las siguientes:
Conclusiones:
1. “Los jueces, juezas, vocales y magistrados se encuentran en situación de alta vulnerabilidad expuestos a diversas formas de injerencia o presión”.
2. “La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumada a las bajas remuneraciones, abren las puertas a la corrupción…”.
3. “La elección por sufragio universal de integrantes de altas cortes (…) no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas ni ha generado legitimidad…”.
4. “La carencia de autoridades judiciales en buena parte del país rural, la falta adecuada de financiación, la deficiente gestión (…) mantienen a la justicia muy lejos de la gente y de las necesidades de la sociedad”.
5. “La jurisdicción indígena originaria, reconocida en la Constitución, ha sido relegada por la legislación posterior a conocer sólo temas de relevancia limitada y marginal”.
Recomendaciones:
1. “Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial…”.
2. “El Relator Especial insta al Gobierno a elaborar un plan de reforma estructural y de fortalecimiento del órgano judicial que incluya un diseño institucional para una gestión eficiente”.
3. “El Relator Especial recomienda a todos los sectores relevantes impulsar un debate sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de las altas cortes (con) prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional…”
4. “El Relator Especial recogió numerosas manifestaciones en favor de la conveniencia y urgencia de vertebrar un gran acuerdo nacional al respecto”.
5. “El Estado debe dotar de recursos apropiados al órgano judicial... con un porcentaje mínimo del presupuesto nacional, (para) abordar una mejora de sueldos, creación de nuevos juzgados, formación de personal y cobertura en todos los municipios del país”.
6. “El Relator Especial insta al Gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas. Todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales”.
7. “El Relator Especial exhorta al Gobierno a que afirme y garantice el espacio de la jurisdicción indígena originaria por medio de la reforma a la vigente Ley de Deslinde Jurisdiccional (…). El Relator Especial insta al Gobierno a restaurar el espacio y papel de la justicia de paz”.
8. “El Estado Plurinacional de Bolivia debe establecer una efectiva carrera judicial (…) se debe asimismo regularizar a todos los jueces transitorios antes del final del 2022”.
El informe, en 20 páginas, pese a su lenguaje diplomático, contiene una radiografía de la crisis judicial boliviana donde, además de destacar “el patrón de persecución política con fines de represalia”, da cuenta del hacinamiento carcelario, la impunidad de los feminicidios, la corrupción extendida, la mora procesal, el exiguo presupuesto y la imposibilidad material, para la gran mayoría de la población, de acceder al servicio judicial.
El informe dedica dos párrafos al enjuiciamiento de la ex presidenta Jeanine Áñez señalando que “dicho caso pone de manifiesto los problemas estructurales de la administración de justicia…”.
Salvando las formas, el “informe” coincide con el diagnóstico y la propuesta de reforma judicial de los juristas independientes –que la cita expresamente– y que plantea independencia e idoneidad cambiando la forma de elección de los jueces supremos, presupuesto mínimo del 3% y revalorización de la justicia indígena y de paz.
Contradictoria y apresuradamente varios voceros gubernamentales han reaccionado al informe, unos relativizándolo frente a “la soberanía nacional”, otros quitándole relieve por tratarse solamente de “algunos insumos”, y de manera oficial el Vocero ha anunciado para los “próximos días” una “propuesta para la reestructuración de la justicia”, que vendría ser ya la cuarta en sólo 18 meses de gobierno.
Probablemente el Relator no lo sepa, pero el Gobierno está sin brújula en materia de justicia. Después de cada escándalo o de cada informe internacional reacciona balbuceando nuevas “reformas” o nuevas “comisiones” para muy pronto volver a fojas 0, donde es invisible una verdadera voluntad de cambio. Por ello alentaremos con renovado vigor la reforma judicial vía referendo por iniciativa ciudadana.
